miércoles, 13 de noviembre de 2013

Competencia concurrente en materia mercantil.

Esencialmente son dos los artículos de la Constitución General de la República que constituyen el entorno en el cual discurre la competencia concurrente en materia mercantil, además de otros dos que federalizan esta materia y la excluyen de la facultad legislativa que los Estados de la Unión se reservaron.

En primer lugar, el artículo 124 del Texto Supremo determina que todas aquellas facultades no conferidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados; en el diverso 73 fracción X se contiene la atribución al Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio; estas dos preceptivas son las que determinan, entonces, el fuero que corresponde a la actividad mercantil.

Por su parte, el artículo 104 en su fracción I, de manera previa a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, señalaba que correspondía a los tribunales de la federación conocer de todas las controversias del orden civil o criminal que se suscitaran sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, agregando que cuando dichas controversias sólo afectaran intereses particulares, podrían conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrían ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado. La reforma de junio mencionada solo cambió el texto referido a a la fracción II del mismo numeral, sustituyendo la materia criminal, que se conservó en la fracción I, por la mención expresa de lo mercantil.

El artículo 121 de la Constitución, uno de las grandes asignaturas pendientes del legislador federal en cuanto a la expedición de la ley general que permita establecer los mecanismos de entera fe y prueba de actos, registros y procedimientos de un Estado para que surtan efectos en otro, establece esencialmente que las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él; que los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación; que las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes y que las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.

Vale la pena señalar que tanto el artículo 104 (salvo la referida reforma de junio de 2011) y el 121 a que nos hemos referido, no han sufrido modificaciones desde su expedición en 1917. También es de destacarse que ninguno de los dos fue materia de debate en el Congreso Constituyente.

Lo anterior significa que no tenemos un elemento objetivo que nos permita conocer la intención del legislador para sostener la concurrencia competencial en materia mercantil, pues, incluso, en la Exposición de Motivos de la única reforma al artículo 104 Constitucional ni siquiera figuraba adicionar la palabra “mercantil”; esto ocurrió durante la secuela del proceso legislativo.

En este orden de ideas, solo puedo aventurar que lo que se pretendió fue liberar al Poder Judicial de la Federación de la atención de aquellos asuntos que, siendo de su competencia originaria, los colocaban al borde del colapso, por lo que podría ampliarse la jurisdicción en razón del interés particular discutido en ellos y las distancias para llegar a los diversos y escasos (frente al número de tribunales locales) Juzgados de Distrito.

Sin embargo, esto no hace más que generar un conflicto singular, pues impide la certeza en cuanto al proceso mercantil, no obstante regirse por el Código de Comercio como ley primordial y el Código Federal de Procedimientos Civiles como supletoria en primer lugar, ya que se deriva a los códigos estatales de procedimientos civiles la suplencia de segundo grado, con las diversas variantes que pueden presentarse, atendiendo a la forma en que cada Estado haya decidido regir sus conflictos judiciales civiles.

Poco más hay que decir. El silencio del legislador, la claridad meridiana del texto constitucional y la ausencia de reformas de contexto que permitan desentrañar un sentido distinto, podríamos afirmar, como una verdad de Perogrullo, que en materia mercantil la competencia concurrente existe porque está en la Constitución y nada más.

Sin embargo, la pluralidad de legislaciones locales que en segundo término se incorporan a regir las contiendas comerciales de índole judicial, la complejidad que ha venido asumiendo la norma primaria, Código de Comercio y un intermedio Código Federal de Procedimientos Civiles hacen que se convierta en una materia de alto grado de dificultad el postular ante tribunales que conocen de la materia mercantil, con la consecuente falta de especialización de jueces y abogados, traduciéndose esto en un obstáculo de facto para una mejor administración de justicia para los gobernados en términos del artículo 17 Constitucional.

Además, la materia comercial merece un trato especial, dada la dinámica que vertebra sus relaciones e interacciones. La claridad normativa es una necesidad para su correcto desempeño, eficaz y eficiente. 


Los mecanismos alternativos (mediación, conciliación, arbitraje) como una opción real de solución de conflictos comerciales, aunado a tribunales de mayor preparación y especialización, simplificación del marco normativo y, ¿por qué no? un reconocimiento de la importancia del comercio como libre de limitaciones y obstáculos que imponen las políticas proteccionistas estatales, ya de facto e incluso de iure, en mucho ayudan a la pronta, completa e imparcial administración de justicia mercantil.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada