lunes, 1 de septiembre de 2014

Jueces en serio

En diversas ocasiones y foros he referido abiertamente que en mi concepto la Constitución, ya federal o local, no confiere a los tribunales superiores una jerarquía respecto de los jueces de primera instancia. Es cierto que hay una distribución de competencias que permite que unos revisen a otros, pero que en la misma medida son todos depositarios del Poder Judicial sin distinción.

Si acudimos a la Constitución General de la República encontramos el siguiente texto:

Art. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

Por su parte la Constitución del Estado de San Luis Potosí señala:

ARTÍCULO 90.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado, en un Supremo Tribunal de Justicia, un Tribunal Electoral, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Menores.

Como puede verse, en ningún momento se señala orden vertical sino que, por el contrario, se trata de una depositaría horizontal.

Esto ha sido ya sostenido en una tesis de publicación reciente (tanto como del viernes 29 de agosto pasado) sostenida por el Pleno en materia civil del Primer Circuito:

Época: Décima Época 
Registro: 2007295 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 29 de agosto de 2014 08:13 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: PC.I.C. J/3 K (10a.) 

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO.

La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 8/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de junio de 2014. Mayoría de doce votos de los Magistrados Gilberto Chávez Priego, Luis Gilberto Vargas Chávez, Daniel Patiño Pereznegrón, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, José Leonel Castillo González, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, María Concepción Alonso Flores, Indalfer Infante Gonzales, Gonzalo Arredondo Jiménez, Carlos Arellano Hobelsberger y Adalberto Eduardo Herrera González. Disidentes: Ma. del Refugio González Tamayo: quien se reservó su derecho a formular voto y Virgilio Solorio Campos: quien formula voto particular. Ponente: Adalberto Eduardo Herrera González. Secretario: Arnulfo Mateos García.

Tesis y/o criterios contendientes: 

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo DC. 199/2013 y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, al resolver el juicio de amparo directo DC. 365/2013.


Esta tesis se publicó el viernes 29 de agosto de 2014 a las 08:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

La lectura anterior me permite afirmar, salvo mejor opinión, que con esto es necesario revisar algunos conceptos tradicionales del ámbito procesal que se ven rebasados con esta interpretación. Sin ser exhaustivo, cito solo dos ejemplo:

a) Se debe dejar de lado el concepto de "efecto devolutivo" cuando se habla de apelaciones civiles, penales o mercantiles, entre otros. Esto se afirma en virtud de que la doctrina ampliamente ha sostenido que cuando se apela ante un tribunal (calificado históricamente como "superior") se dice que se le devuelve la jurisdicción. Esto solo sería posible si la hubieran recibido mediante una derivación de ese tribunal receptor, lo que no es así, ya que la posibilidad de dictar y decidir el derecho emana directamente de la Constitución y no de un ente intermedio.

b) En el caso del Recurso de Queja (concretamente en San Luis Potosí en el Código de Procedimientos Civiles) se determina la procedencia de este medio de impugnación en los siguientes casos:

ART. 971.- El recurso de queja procederá:

I.- Contra el juez que se niegue a admitir una demanda o desconozca de oficio la personalidad de un litigante, antes del emplazamiento;

II.- Respecto de las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias;

III.- Contra la resolución que niegue admitir una apelación;

IV.- En los demás casos fijados por la Ley.

ART. 972.- También se da el recurso de queja contra secretarios o ejecutores por exceso o defecto en las ejecuciones, así como por omisiones o negligencias en el desempeño de sus funciones.

Mientras el artículo 972 no tiene mayor problema, en el caso del 971 , se debe acudir, según dice el diverso 973 del mismo ordenamiento "ante el superior inmediato", lo cual no será posible atendiendo la tesis transcrita.

Y la lista podría seguir.

Es evidente que a efecto de evitar confusiones y hacer más preciso nuestro orden legal deberán adecuarse algunos textos normativos a este criterio que estimo se había tardado mucho en aparecer.

Espero que los legisladores en los dos ámbitos de gobierno se decidan a actualizar conceptos que si bien están en los Códigos procesales desde hace mucho tiempo han sido superados, en ocasiones sin que se den cuenta los mismos hacedores de leyes.

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