miércoles, 27 de agosto de 2014

Sanción administrativa a servidores públicos


En los procedimientos de sanción administrativa a servidores públicos deben seguirse ciertas reglas con toda precisión, tal y como lo señalan los siguientes criterios judiciales (el subrayado es propio):

Época: Novena Época
Registro: 163741
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO
TipoTesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización:  Tomo XXXII, Septiembre de 2010
Materia(s): Administrativa
Tesis: XVI.1o.A.T.54 A
Pag. 1402
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Septiembre de 2010; Pág. 1402
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. EL AUTO CON EL QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONTENER, ADEMÁS DE LOS HECHOS QUE SE IMPUTAN A AQUÉLLOS Y LAS PRUEBAS EN QUE SE FUNDAN, LA CAUSA QUE SE LES ATRIBUYE.
De conformidad con la fracción I del artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, el auto con el que inicia el procedimiento para establecer la responsabilidad de sus miembros debe ser notificado al servidor público denunciado haciéndole saber con precisión los hechos que se le imputan y las pruebas en que se fundan; además, a fin de respetar su garantía de audiencia, prevista en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese proveído debe contener la causa de responsabilidad que se le atribuye, pues trasladados los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, la prerrogativa subjetiva de defensa del imputado no sólo comprende la posibilidad de debatir los hechos materia del procedimiento que se le instruye, sino también la de controvertir la legalidad de la indicada causa. Máxime que acorde con el artículo 156 de la citada ley, la sanción que en su caso se le llegara a imponer depende de la causa que se estime comprobada.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO
Amparo en revisión 406/2009. **********. 7 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Múzquiz Gómez, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos de la fracción XXII del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.

Época: Novena Época
Registro: 168557
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO
TipoTesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización:  Tomo XXVIII, Octubre de 2008
Materia(s): Administrativa
Tesis: VI.1o.A.262 A
Pag. 2441
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Octubre de 2008; Pág. 2441
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA RIGE CON EL MISMO ALCANCE QUE EN EL DERECHO PENAL.
La tesis VII/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA", establece, en la parte conducente, que la naturaleza del procedimiento administrativo de responsabilidad, al que por ser parte del derecho administrativo sancionador y constituir una manifestación de la potestad sancionadora del Estado, le son aplicables los principios del derecho penal que este último ha desarrollado. Uno de esos principios es el de congruencia, que en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos obliga a la autoridad responsable, al momento en que emite la resolución respectiva, a efectuar las consideraciones pertinentes que funden su actuar en forma armónica, es decir, congruente, de acuerdo con los hechos constitutivos de la infracción administrativa que haya tenido por probados, en relación con la sanción administrativa precisa a la que el servidor público se haya hecho merecedor, en estricto apego a los principios que rigen el derecho administrativo sancionador, referentes a la gravedad de la conducta y de la correspondiente sanción aplicable, pues cualquier desviación al respecto no puede estimarse un simple error intrascendente, como cuando la fracción del precepto legal invocado no guarda congruencia con la sanción impuesta, sino que ello tiene una relevancia innegable, ya que trasciende a la correcta fundamentación y motivación para imponer, según corresponda, la sanción a un servidor público, en virtud de que la aplicación de la ley en tratándose del derecho administrativo sancionador debe ser exacta y no imprecisa, con el mismo alcance que tiene en el derecho penal, de acuerdo con la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones en la que haya incurrido el funcionario público de que se trate, en relación con la exacta sanción que le resulte aplicable, en estricto respeto al principio de congruencia que rige en esta materia.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO
Amparo en revisión 242/2008. Gerardo Sánchez Martínez. 10 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: María de Lourdes de la Cruz Mendoza.

Nota: La tesis 2a. VII/2008 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 733.

Época: Novena Época
Registro: 170605
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
TipoTesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización:  Tomo XXVI, Diciembre de 2007
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.4o.A.604 A
Pag. 1812
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; Pág. 1812
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO.
Tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por el derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. Así, al aplicarse sanciones administrativas deben considerarse los elementos previstos por el derecho penal para la individualización de la pena, que señalan al juzgador su obligación de ponderar tanto aspectos objetivos (circunstancias de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como subjetivos (condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impedirá al servidor público sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión, aunque le permita cuestionarla, lo que trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En ese contexto, para que una sanción administrativa se considere debidamente fundada y motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la obliga a tomar en cuenta determinados aspectos, sino que esa valoración debe justificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el grado de responsabilidad del servidor público en forma acorde y congruente, aquélla debe ponderar todos los elementos objetivos (circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del servidor público y las atenuantes que pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena, y así la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste no es irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de su determinación.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Revisión fiscal 98/2007. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 8 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Época: Novena Época
Registro: 173256
Instancia: PRIMERA SALA
TipoTesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización:  Tomo XXV, Febrero de 2007
Materia(s): Administrativa
Tesis: 1a. XXVII/2007
Pag. 652
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Febrero de 2007; Pág. 652
LAS INFRACCIONES FISCALES SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y POR LAS GARANTÍAS DEL DERECHO PENAL, EN LO QUE RESULTEN APLICABLES.
Las infracciones fiscales constituyen la vulneración del conjunto de normas que regulan el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mientras que las violaciones fiscales se refieren a los preceptos que impongan deberes formales o sustanciales, por lo que su única diferencia se encuentra en la sanción aplicable, ya sean penas pecuniarias o privativas de libertad, lo cual determina que se esté en presencia de una infracción o de un delito. En esta línea de ideas, resulta evidente que las sanciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación para el incumplimiento de una obligación formal o sustancial guardan una gran similitud con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; de lo que se sigue que la infracción fiscal propiamente establecida por el legislador por el incumplimiento de las obligaciones formales debe atender a los principios del derecho administrativo sancionador y, en la medida que resulten aplicables a las garantías del derecho penal.
PRIMERA SALA
Amparo directo en revisión 1521/2006. Felipe Rosas Carpio. 18 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.

Época: Novena Época
Registro: 174326
Instancia: PLENO
TipoTesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización:  Tomo XXIV, Agosto de 2006
Materia(s): Constitucional,Administrativa
Tesis: P./J. 100/2006     
Pag. 1667
[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Agosto de 2006; Pág. 1667
TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.
PLENO
Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel.

El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de agosto de dos mil seis.

Época: Novena Época
Registro: 174488
Instancia: PLENO
TipoTesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización:  Tomo XXIV, Agosto de 2006
Materia(s): Constitucional,Administrativa
Tesis: P./J. 99/2006
Pag. 1565
[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Agosto de 2006; Pág. 1565
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.
De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.
PLENO
Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel.

El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 99/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de agosto de dos mil seis.

Época: Novena Época
Registro: 188745
Instancia: SEGUNDA SALA
TipoTesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización:  Tomo XIV, Septiembre de 2001
Materia(s): Constitucional,Administrativa
Tesis: 2a. CLXXXIII/2001  
Pag. 718
[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Septiembre de 2001; Pág. 718
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA TAMBIÉN SE RIGEN POR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE IMPERA EN LAS DE CARÁCTER PENAL, AUN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALEZA.
La marcada diferencia entre la naturaleza de las sanciones administrativas y las penales, precisada en la exposición de motivos del decreto de reformas y adiciones al título cuarto de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en los artículos que comprende dicho título y en la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con base en la cual se dispone que los procedimientos relativos se desarrollarán en forma autónoma e independiente, no significa que en el ámbito sancionador administrativo dejen de imperar los principios constitucionales que rigen en materia penal, como es el relativo a la exacta aplicación de la ley (nullum crimen, sine lege y nulla poena, sine lege), que constituye un derecho fundamental para todo gobernado en los juicios del orden criminal, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Federal, sino que tal principio alcanza a los del orden administrativo, en cuanto a que no se podrá aplicar a los servidores públicos una sanción de esa naturaleza que previamente no esté prevista en la ley relativa. En consecuencia, la garantía de exacta aplicación de la ley debe considerarse, no sólo al analizar la legalidad de una resolución administrativa que afecte la esfera jurídica del servidor público, sino también al resolver sobre la constitucionalidad de la mencionada ley reglamentaria, aspecto que generalmente se aborda al estudiar la violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales con los que aquél guarda íntima relación.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 2164/99. Fernando Ignacio Martínez González. 29 de junio de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.

Así, la inobservancia de un debido proceso disciplinario conlleva la inconstitucionalidad del fallo sancionatorio. Por eso, los gobernados deben actuar con la debida preparación si acaso se lanzan a la nebulosa búsqueda de castigo a los servidores públicos.


martes, 26 de agosto de 2014

Conceptos de agravio expresados en demanda de nulidad contra fotomulta en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

8.    Conceptos de impugnación:

A.   Dispone el artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado en su fracción VIII que el juicio de nulidad es improcedente contra disposiciones de carácter general, que no hayan sido aplicadas concretamente al promovente. A contrario sensu, lo será entonces en contra de disposiciones generales que sí se apliquen concretamente al promovente.

Por otra parte, el artículo 1 de la Constitución General de la República señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, en tanto que el 133 Constitucional señala que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión y los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

En esta tesitura, este Tribunal debe estudiar la ilegalidad de los artículos 40, 172 y 173 del Reglamento de Tránsito Municipal de San Luis Potosí S.L.P., los cuales me fueron aplicados en la boleta cuya nulidad se reclama. Sostiene esta procedencia la tesis jurisprudencial obligatoria que se cita:

Época: Novena Época
Registro: 180678
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XX, Septiembre de 2004
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 108/2004
Página: 220

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE LEGALIDAD QUE EN LA DEMANDA RESPECTIVA SE ATRIBUYAN A LAS REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS APLICADAS EN PERJUICIO DEL ACTOR EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNADA EN FORMA DESTACADA.

Si bien es cierto que el citado Tribunal sólo tiene competencia expresa para conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas mencionadas en el artículo 11 de la ley orgánica que lo regula, también lo es que conforme al diverso 202, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, el juicio contencioso administrativo es improcedente contra ordenamientos que establezcan normas o instrucciones de carácter general y abstracto, sin haber sido aplicados concretamente al promovente, lo que procesalmente implica que la legalidad de ese tipo de actos -disposiciones de observancia general inferiores a los reglamentos del Presidente de la República- sí puede ser materia de análisis de la sentencia que se emita en un juicio de esa índole, cuando el gobernado que lo promueve sufrió en su perjuicio la aplicación concreta de aquéllos, ya sea en la resolución definitiva impugnada o en el procedimiento que le precedió, conclusión que atiende a la garantía de justicia pronta y completa contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, además, se basa en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la propia Norma Fundamental, conforme al cual la finalidad del establecimiento de ese Tribunal fue dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública federal, siempre y cuando los vicios que se atribuyan a dichas reglas sean de legalidad, es decir, impliquen confrontarlas con alguna norma superior a ellas pero inferior a la Constitución Federal. En ese tenor, la circunstancia de que una regla general administrativa no pueda ser impugnada en forma destacada en un juicio contencioso administrativo, sólo implica que en la demanda que se enderece en contra de la resolución en la que fue aplicada no sea factible señalarla como resolución impugnada, ni al órgano del Estado que la emitió como autoridad demandada, por lo que en dicho escrito el actor se limitará a plasmar los conceptos de impugnación en los que desarrolle los argumentos para demostrar por qué la respectiva regla general no se emitió con apego a lo dispuesto en el acto formalmente legislativo o formalmente reglamentario -cláusula habilitante- que regula su expedición, y el referido Tribunal se limitará a estudiar esos conceptos en la parte considerativa de su sentencia por lo que, en caso de resultar fundados, precisará en qué términos afectan la validez de la resolución impugnada en forma destacada, sin que la ilegalidad de la regla general respectiva se refleje en los puntos resolutivos del fallo correspondiente.

Contradicción de tesis 84/2001-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y otros, y el Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y otros. 6 de agosto de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

Tesis de jurisprudencia 108/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de agosto de dos mil cuatro.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí S.L.P. aprobó el 13 de marzo de 2014 un nuevo Reglamento de Tránsito para esta municipalidad, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 3 de abril de 2014.

En este Reglamento, en el artículo 40 se definen como dispositivos electrónicos para control y verificación del tránsito a los radares y las cámaras de multa electrónica. Por su parte el mismo ordenamiento señala en los artículos que se citan:

Artículo 172. Las boletas de infracción, de multa electrónica y sanción que se generen por el uso de equipo y dispositivos electrónicos de verificación para el cobro. de éstas, serán impuestas por el agente de tránsito, las Guales serán seriadas y autorizadas por la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, y para su validez deberán contener:

I. Fundamento Jurídico
a) Artículos en que se prevén la infracción cometida.
b) Artículos en los que se establece la sanción impuesta.

II. Motivación
a) Fecha, hora, lugar y breve descripción del hecho constitutivo de la infracción, derivada de lo captado por el medio electrónico utilizado.
b) Nombre y domicilio del infractor.
c) Número de placas de circulación, o número del permiso de circulación, según sea el caso.

III. La indicación de la tecnología utilizada para captar la comisión

IV. Atendiendo al tipo de tecnología utilizada, se acompañará al formato expedido por el propio instrumento electrónico que captó la infracción o copia de la imagen y/o sonido y transcripciones, en su caso, la confirmación de que dichos elementos corresponden en forma autentica y sin alteración de ningún tipo a la captada por el instrumento tecnológico usado, y

V. Nombre, número de placa, adscripción y firma electrónica del agente que se encuentra signado y facultado para expedir la sanción.

La información obtenida mediante equipos y sistemas tecnológicos con base en la cual se determina la imposición de la sanción, hará prueba plena, acorde a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15; 49, Y 50 de la Ley y el artículo 17 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para el uso de la tecnología para la Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Artículo 173. Cuando a través de dispositivos electrónicos para la verificación señalada en el artículo 40 fracción VII del presente Reglamento, se detecte la comisión de una infracción, deberá observarse lo siguiente:

I. El dispositivo electrónico realizará la función de fotografiar, grabar, registrar o recabar aquella constancia con la que se demuestre la comisión de la infracción a las disposiciones legales de tránsito, generando la impresión de la boleta de infracción y sanción que contendrá los requisitos señalados en el artículo 172 del Reglamento.

II. Se comunicará por parte de la Tesorería Municipal o de quien ésta habilite, a quien aparezca como titular de las placas de circulación del vehículo con el cual se cometiera la Infracción, en el domicilio que aparezca en las bases de datos del Padrón Vehicular del Estado o Registro Público Vehicular, la infracción cometida y la sanción impuesta.

Este es el marco normativo municipal de la boleta de multa electrónica como la que los ocupa y que es contrario a derecho conforme lo siguiente:

a)    Como se citan diversos artículos de la que se denomina “la Ley” y “Ley del Sistema para la Seguridad Pública del Estado” en el texto transcrito, se requiere saber el contenido de estos preceptos invocados en el Reglamento Municipal, aclarando que “la Ley”, de acuerdo al artículo 3 fracción XXXIX es la Ley de Tránsito del Estado; así, de todos los numerales que se invocan, solo se refieren a dispositivos electrónicos el 6, el 49 y el 50 de este ordenamiento. El resto se refiere a aspectos generales:

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

XV. Dispositivos para el control de tránsito: señalamientos, marcas, semáforos y otros medios similares que se utilizan para regular y guiar el tránsito de personas, semovientes y vehículos;

Artículo 49. La señalización y aplicación de dispositivos para el control de tránsito, así como la ubicación de áreas de estacionamiento, las determinará la autoridad de tránsito que preste el servicio en cada municipio, con base en estudios técnicos, atendiendo a la infraestructura vial de que se disponga.

Artículo 50. Los conductores y peatones deberán conocer y obedecer las señales y los dispositivos para el control del tránsito, los cuales pueden ser: humanos, gráficos y electrónicos.

Por su parte el artículo 17 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí dice:

Artículo 17. Corresponde a los ayuntamientos:

I. Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares, y demás disposiciones administrativas de observancia general en materia de seguridad pública y tránsito; y enviar al Ejecutivo del Estado, aquellos documentos que para su legal observancia requieran ser publicados en el Periódico Oficial del Estado;

II. Aprobar los planes y programas de seguridad pública municipales, verificando que éstos sean congruentes con los similares estatales y regionales;

III. Celebrar convenios de coordinación para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública con la Federación, el Gobierno del Estado o con otros ayuntamientos;

IV. Promover la búsqueda de soluciones a la problemática de la seguridad pública municipal, mediante la integración de comités de consulta de participación ciudadana;

V. Instrumentar programas y acciones para la profesionalización de los integrantes de los cuerpos preventivos municipales de seguridad pública. Para efecto de llevar a cabo la capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad pública en los ayuntamientos, cuando éstos no cuenten con la academia de policía, podrán celebrar convenios con el Ejecutivo del Estado para que sea la Academia, la institución de formación policial de sus elementos, coadyuvando en el sostenimiento de la misma en los términos del referido convenio;

VI. Formular y aprobar el reglamento de los cuerpos de seguridad pública municipal;

VII. Aplicar las tecnologías, equipos y procesos para hacer eficiente la actividad de sus corporaciones, la integridad de sus elementos, las comunicaciones y la atención a la población acorde a sus capacidades presupuestales, respetando en todo momento los derechos humanos, y

VIII. Ejercer las demás facultades que les confiere esta Ley y los ordenamientos legales aplicables.
Como puede verse, en ningún momento se establece en las leyes que el propio Reglamento invoca el mecanismo de la “foto-multa”.

b)    Por su parte, la Ley de Tránsito del Estado señala el procedimiento para la imposición de sanciones por violaciones a la ley y reglamentos de la materia:

Artículo 91. Las infracciones a esta Ley serán sancionadas por los elementos de seguridad pública, los agentes de tránsito municipal, o bien por los elementos operativos competentes en los términos de los reglamentos municipales.

Para la aplicación de la sanción se levantará una boleta de infracción y sanción, que contendrá obligatoriamente los siguientes datos:

I. Nombre y cargo de quien levanta la boleta;

II. La circunstanciación de los datos de la credencial a que se refiere el artículo 34 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, con que se identifica, relativas a nombre, cargo y vigencia de la credencial. Adicionalmente, se anotará el número de credencial y la autoridad que la expidió, conforme a las disposiciones que resulten aplicables;

III. Nombre y, en su caso, domicilio del infractor;

IV. Datos de identificación del vehículo;

V. Número, vigencia y clase de licencia para manejar;

VI. Descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar conocidas por la autoridad de tránsito, que entrañan la comisión de la infracción cometida por el infractor; entre otros, lugar, fecha y hora de la comisión de la infracción. Esta circunstanciación servirá como motivación de la sanción que se imponga;

VII. La cita de los fundamentos legales o reglamentarios que acrediten la comisión de la infracción;

VIII. El importe correspondiente de la multa impuesta como sanción;

IX. El documento que retiene;

X. Nombre y firma de quien levanta la infracción, así como la firma del infractor, y

XI. En el supuesto de que el vehículo sea retenido, deberán asentarse las razones que motiven la retención, debiendo exponerse la debida fundamentación legal.

Cuando se trate de varias faltas cometidas en diversos hechos por un infractor, el elemento o agente las asentará en diferentes boletas, una por cada infracción.

Si el infractor se niega a firmar o a recibir la boleta de infracción levantada, o se encuentra ausente, se asentará esta circunstancia y se considerará como notificada, sin que esto invalide la boleta de infracción y sanción.

Artículo 92. De las boletas de infracción y sanción se harán tres tantos, para que el original sea entregado al infractor o colocado en el vehículo infraccionado, que servirá para hacer el pago de la infracción; otro que quedará a cargo de la autoridad que levantó la boleta de infracción y sanción, para que se registre y se lleve la estadística correspondiente; y el tercero será canalizado a la Secretaría de Finanzas o tesorería municipal, para que se inicien los procedimientos de recepción de pago o ejecución.

Basta leer estos dos artículos y compararlos con los diversos 172 y 173 del Reglamento de Tránsito del Municipio de San Luis Potosí S.L.P. para ver que hay diferencias sustanciales, lo que conlleva que se exceden los límites legales impuestos por el legislador a los Municipios, lo que hace ilegal el Reglamento en mención y, como consecuencia, los actos que se funden en él, como es el que aquí se combate.

c)    Finalmente, los actos administrativos, de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí se definen en el artículo 2 como la declaración unilateral de voluntad externa, concreta y ejecutiva, emanada de la administración pública estatal o municipal, en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta, cuya finalidad es la satisfacción del interés general. Estos actos administrativos, deberán cumplir los elementos y requisitos a que se refieren los artículos siguientes:

Artículo 4. Son elementos del acto administrativo:

I. Ser expedido por autoridades competentes, a través de servidor público u órgano colegiado facultados para tal efecto, y en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Que su objeto esté previsto por el ordenamiento jurídico aplicable, determinado o determinable y preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar;

III. Cumplir con la finalidad de interés público, derivado de las normas jurídicas que regulen la materia;

IV. Constar por escrito, indicando la autoridad de que emana;

V. Estar fundado y motivado;

VI. Ser expedido sin que medie error de hecho o de derecho sobre el objeto, causa o motivo, o fin del acto y su emisión, y

VII. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión.


Artículo 5. Son requisitos del acto administrativo:

I. Que cumpla con las formalidades del procedimiento;

II. Que se encuentre adecuadamente fundado y motivado;

III. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos propuestos por el interesado o previstos por las normas;

IV. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;

V. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y pueda ser consultado el expediente respectivo, y

VI. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá mencionarse el recurso que proceda y el término con que se cuenta para interponerlo, así como la autoridad ante la cual puede ser presentado.

Las boletas de infracción al Reglamento de Tránsito, al ser actos administrativos, deben observar los dos artículos transcritos, de donde podemos afirmar que hay igualmente una diferencia entre lo establecido en el Reglamento de Tránsito para el Municipio de San Luis Potosí S.L.P. y en la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Los Reglamentos municipales no pueden exceder los límites marcados por las leyes.

Hasta antes de la reforma a la fracción II, del artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, los Ayuntamientos podían expedir reglamentos autónomos, es decir, los que existían de manera independiente a una ley expedida por el Congreso del Estado.; sin embargo, a partir de la reforma en cuestión, se estableció que los reglamentos y bandos municipales se sujetaban a las bases normativas que establecieran las legislaturas estatales.

Así, los Reglamentos municipales no pueden rebasar los límites establecidos por las leyes, dada esa relación de dependencia constitucionalmente establecida.

Solo podemos aceptar que existan reglamentos autónomos cuando no hay incidencia en la esfera de los particulares, lo que no es el caso del Reglamento de Tránsito por lo que hace a las sanciones, donde es evidente la necesaria vinculación a una ley formal de origen legislativo.

Corrobora lo anterior la tesis jurisprudencial que se transcribe a continuación:

REGLAMENTOS MUNICIPALES. NO PUEDEN AFECTAR DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS GOBERNADOS.

Es indispensable señalar que el artículo 115 constitucional instituye el Municipio Libre, con personalidad jurídica propia, y que puede, de acuerdo con la fracción II de este numeral, expedir con las bases normativas que deberán establecer las legislaturas de los estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. Ahora bien, en nuestro tradicional orden jurídico político, se reconoce que los Ayuntamientos al expedir bandos, ordenanzas o reglamentos, por contener disposiciones de carácter abstracto y general, obligatorias para los habitantes del municipio, son leyes en sentido material. En este orden de ideas, se admite la existencia de ciertos reglamentos autónomos, en materia de policía y buen gobierno, cuya fundamentación se consagra en el artículo 21 de nuestra Carta Magna y que las reformas al 115 constitucional, en la fracción II hacen deducir que el legislador le otorga al Ayuntamiento la facultad de expedir verdaderas leyes, en sentido material, sin embargo, se hace necesario distinguir cuál es la materia o alcance de estos reglamentos autónomos, para diferenciarlos de los que no pueden expedirse sin la ley a reglamentar, porque implicarían el uso de facultades legislativas. Al respecto, este tribunal considera que cuando el contenido de la reglamentación puede afectar en forma sustancial derechos constitucionalmente protegidos de los gobernados, como son, por ejemplo: la libertad de trabajo, o de comercio, o a su vida, libertad, propiedades, posesiones, familia, domicilio (artículos 14 y 16), etc. , esas cuestiones no pueden ser materia de afectación por un reglamento autónomo, sin ley regular, pues se estarían ejerciendo facultades legislativas reuniendo dos poderes en uno. Por otra parte, la materia del reglamento sí puede dar lugar a un mero reglamento autónomo de buen gobierno, cuando no regula ni afecta en forma sustancial los derechos antes señalados, sino que se limita a dar disposiciones sobre cuestiones secundarias que no las vienen a coartar.

Amparo en revisión 317/88. Madeira Club Privado, S. A. de C. V. 30 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio Patlán Romero. Secretario: José Luis Estrada Delgadillo.

Amparo en revisión 337/88. Promotora de Diversiones de León, S. A. de C. V. 27 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gloria Tello Cuevas. Secretario: Roberto Hernández Pérez.

Amparo en revisión 334/88. Tucanes Grill, S. A. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gloria Tello Cuevas. Secretario: José Francisco Salazar Trejo.

Amparo en revisión 335/88. Concesionaria y Arrendadora del Bajío, S. A. de C. V. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio Patlán Romero. Secretario: José Gilberto Moreno Gracia.

Amparo en revisión 336/88. Rebeca Navarro Valtierra y coagraviados. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Trinidad Jiménez Romo. Secretario: Sergio Rafael Barba Crosby.

Con base en lo anterior, hay entonces una violación al artículo 115 fracción II de la Constitución General de la República por parte del Reglamento de Tránsito Municipal de San Luis Potosí S.L.P., lo cual debe ser materia de estudio por parte de este Tribunal sin hacerlo de manera destacada conforme se dijo oportunamente en este escrito sino como parte de los fundamentos de la sentencia que declare la ilegalidad de la boleta de multa reclamada, dado que la norma inferior es contraria a las normas legislativas de índole superior, con lo que las demandadas han aplicado una norma que viola derechos fundamentales al sobrepasar los límites que marca la ley.

Dispone el artículo 16 Constitucional que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, constar por escrito y emanar de autoridad competente; por su parte el artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí señala que son elementos del acto administrativo:

I. Ser expedido por autoridades competentes, a través de servidor público u órgano colegiado facultados para tal efecto, y en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Que su objeto esté previsto por el ordenamiento jurídico aplicable, determinado o determinable y preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar;

III. Cumplir con la finalidad de interés público, derivado de las normas jurídicas que regulen la materia;

IV. Constar por escrito, indicando la autoridad de que emana;

V. Estar fundado y motivado;

VI. Ser expedido sin que medie error de hecho o de derecho sobre el objeto, causa o motivo, o fin del acto y su emisión, y

VII. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión.


Por su parte el artículo 5 del mismo ordenamiento señala que son requisitos del acto administrativo:

I. Que cumpla con las formalidades del procedimiento;

II. Que se encuentre adecuadamente fundado y motivado;

III. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos propuestos por el interesado o previstos por las normas;

IV. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;

V. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y pueda ser consultado el expediente respectivo, y

VI. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá mencionarse el recurso que proceda y el término con que se cuenta para interponerlo, así como la autoridad ante la cual puede ser presentado.

De conformidad con el artículo 7  de la misma Ley de Procedimientos Administrativos la omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos anteriores referidos al artículo 4 de la Ley en comento producirá la nulidad lisa y llana del acto y será en consecuencia inválido. Por su parte el artículo 8 del mismo ordenamiento señala la anulabilidad del acto que incumpla los supuestos del artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativos en estudio.

Por lo que hace a los elementos previstos en el artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, debo señalar que la boleta impugnada:

·         No es posible saber si es expedido por autoridad competente o por servidor público alguno, ya que la boleta de multa que se impugna carece de firma autógrafa en franca violación a la fracción I del precepto en estudio, lo que por sí mismo implica su nulidad lisa y llana, tal y como señalan los criterios jurisprudenciales obligatorios siguientes:

Época: Octava Época
Registro: 206419
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Núm. 56, Agosto de 1992
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 2/92
Página: 15

FIRMA FACSIMILAR. DOCUMENTOS PARA LA NOTIFICACION DE CREDITOS FISCALES.

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente el criterio de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, para que un mandamiento de autoridad esté fundado y motivado, debe constar en el documento la firma autógrafa del servidor público que lo expida y no un facsímil, por consiguiente, tratándose de un cobro fiscal, el documento que se entregue al causante para efectos de notificación debe contener la firma autógrafa, ya que ésta es un signo gráfico que da validez a los actos de autoridad, razón por la cual debe estimarse que no es válida la firma facsimilar que ostente el referido mandamiento de autoridad.

Contradicción de tesis. Varios 16/90. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Sexto Circuito. 21 de noviembre de 1991. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Carlos de Silva Nava. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Víctor Hugo Mendoza Sánchez.

Tesis de Jurisprudencia 2/92. aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: Presidenta Fausta Moreno Flores, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, Noé Castañón León y José Manuel Villagordoa Lozano.

Época: Séptima Época
Registro: 251598
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Volumen 133-138, Sexta Parte
Materia(s): Común
Tesis:
Página: 281

FIRMA AUTOGRAFA, RESOLUCION CARENTE DE. ES INCONSTITUCIONAL.

Si bien es cierto que el artículo 16 constitucional no establece expresamente que las autoridades firmen su mandamientos autógrafamente, sí se desprende del citado artículo, al exigir que exista un mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento, que los mandamientos de autoridad ostenten la firma original. En efecto, por "firma", según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se entiende: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él se dice. El vocablo "firma" deriva del verbo "firmar" y éste del latín "firmare", cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firmar", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (Diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie de una resolución o acto escrito de autoridad, el nombre y apellido de la persona que los expide, en la forma (legible o no) en que acostumbra hacerlo, con el propósito de dar autenticidad y firmeza a la resolución así como aceptar la responsabilidad que deriva de la emisión del mandamiento. Es por ello que la firma de una resolución, para que tenga validez a la luz de la Constitución General de la República, debe ser autógrafa, pues ésta es la única forma en que la persona que la asienta, adquiere una relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma que debe calzarlo; es decir, es la única forma en que la autoridad emitente acepta el contenido de la resolución con las consecuencias inherentes a ella y además es la única forma en que se proporciona seguridad al gobernado de que el firmante ha aceptado expresamente el contenido de la resolución y es responsable de la misma. Desde luego es irrelevante para que exista esa seguridad jurídica en beneficio del gobernante (quien firma) y el gobernado (quien recibe o se notifica de la resolución firmada), que la resolución o acto de autoridad se encuentren o no impresos, pues al firmar la autoridad emitente se responsabiliza del contenido, sea cual fuere la forma en que se escribió la resolución. Pero en cambio, no puede aceptarse que la firma se encuentre impresa, pues en estos casos no existe seguridad jurídica ni para el gobernante ni para el gobernado, de que la autoridad de manera expresa se ha responsabilizado de las consecuencias de la resolución.

Séptima Epoca:

Volúmenes 133-138, Sexta Parte, pág. 68. Amparo en revisión 527/79. Andrés de Alba. 21 de febrero de 1980. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 133-138, Sexta Parte, pág. 68. Amparo en revisión 7/80. Jorge de Alba. 21 de febrero de 1980. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 133-138, Sexta Parte, pág. 68. Amparo en revisión 452/79. Radio Potosina, S. A. 6 de marzo de 1980. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 133-138, Sexta Parte, pág. 68. Amparo en revisión 11/80. Cinemas Gemelos de San Luis Potosí, S. A. 13 de marzo de 1980. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 133-138, Sexta Parte, pág. 68. Amparo en revisión 52/80. Miguel Fernández Arámbula. 19 de marzo de 1980. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

·         No es posible, por la misma razón, saber si es cierto o no que emana de la autoridad de donde dice emanar, lo que implica una violación a la fracción IV del precepto en estudio.

Por su parte se viola el artículo 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí acorde a lo siguiente:

·         No está adecuadamente fundado y motivado, poara lo cual es destacable que esto constituye un requisito esencial acorde al artículo 16 Constitucional y el 91 fracción VI de la Ley de Tránsito del Estado, que señala que la motivación de la multa debe ser la expresión de  las circunstancias de modo, tiempo y lugar conocidas por la autoridad de tránsito, que entrañan la comisión de la infracción cometida por el infractor; entre otros, lugar, fecha y hora de la comisión de la infracción. En este sentido, si bien es cierto algo anota la multa que se combate, lo cierto es que no resulta suficiente, pues no señala la dirección en que supuestamente se circulaba ni en que vialidad, pues solo se señala la ubicación de la cámara empleada para la fotomulta pero sin dar mayor referencia de circunstancias de modo suficientes  que permitan tener por acreditado el extremo legal, ya que ni siquiera identifica al conductor del vehículo, violando la fracción II del precepto en comento.

·         No se indica el medio de defensa que pueda hacerse valer en contra de la boleta impugnada, lo que viola la fracción VI del precepto en estudio.


Por tanto, es evidente la ilegalidad de la boleta impugnada e incluso del Reglamento en que se sustenta, lo que deberá significa su nulidad lisa y llana.