sábado, 6 de septiembre de 2014

DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Declaratoria publicada en la Edición Extraordinaria al Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el miércoles 30 de julio de 2014.

 

Poder Legislativo del Estado

 

Dr. Fernando Toranzo Fernández, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

 

DECRETO 752

 

La Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Decreta

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El nuevo Sistema Penal Acusatorio, de corte adversarial creado a partir de la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, ordena en el artículo segundo transitorio su incorporación en todas las entidades federativas del país. En tal virtud, el Estado de San Luis Potosí inició su proceso de implementación a partir del Acuerdo publicado el 5 de febrero de 2010 en el Periódico Oficial del Estado, por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, conformado por los tres poderes del Estado, un Consejo Asesor y de Expertos, y una Secretaría Técnica; con el objeto de analizar y acordar las políticas de coordinación necesarias para su cabal cumplimiento.

 

De conformidad con las disposiciones constitucionales citadas, el Congreso del Estado emitió el Decreto Legislativo 1156, mediante el cual se expide el Código Procesal Penal para el Estado de San Luis Potosí, el cual fue publicado en edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado con fecha 16 de octubre del año 2012; en tal instrumento se estableció en el artículo primero transitorio la entrada en vigor del mismo a partir del 1° de marzo del año 2014; posteriormente el 28 de febrero del 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto Legislativo 527, que en su artículo 5° dispone la derogación del precitado Código a partir de su entrada en vigor, (es decir el 1° de marzo del 2014), y señala que en consecuencia subyace con todos sus efectos legales el diverso Decreto Legislativo 572 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de septiembre del año 2000, por el que se expidió el Código de Procedimientos Penales para el Estado, ordenamiento que por tanto se encuentra vigente hoy día.

 

Asimismo, en el Decreto 527 antes referido se modificó la Declaratoria que notifica el Sistema Procesal Penal Acusatorio, publicada inicialmente el 24 de noviembre del 2012, para establecer la incorporación gradual en la modalidad determinada por región, iniciando el 30 de septiembre del 2014 en la región altiplano en el Segundo Distrito Judicial que comprende los municipios de, Matehuala, Catorce, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Cedral, y Vanegas, con residencia en la cabecera municipal de Matehuala; continuando en el Tercer Distrito Judicial que comprende los municipios de, Rioverde, Ciudad Fernández, y San Ciro de Acosta, con residencia en la cabecera municipal de Rioverde; y para autorizar al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, para que con la opinión técnica del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sea el que establezca las zonas y los distritos judiciales en los que continuará implementándose el Sistema Procesal Penal Acusatorio, debiendo notificar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para efecto de que ordene la publicación del acuerdo respectivo en el Periódico Oficial del Estado. Igualmente, se estableció que tal incorporación será, además, por tipo de delito, para que el nuevo sistema se aplique de manera inicial únicamente en los delitos que se persiguen por querella, y faculta a dicho Consejo para que con la opinión técnica del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, establezca la fecha en la que el sistema se aplique también en los delitos que se persiguen de oficio, debiendo asimismo notificarlo al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para efecto de que ordene la publicación del acuerdo respectivo en el Periódico Oficial del Estado.

 

Conforme a lo anterior, la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de San Luis Potosí, es congruente con lo dispuesto en la Declaratoria de Incorporación referida en el párrafo que antecede, y atendiendo a lo señalado en el Artículo Segundo Transitorio del propio Código Nacional, pues ésta cumple con el requisito de ser expedida sesenta días antes de la entrada en vigor el próximo 30 de septiembre del presente año, del citado Ordenamiento Nacional y, con ello, dar exacto cumplimiento a la disposición transitoria segunda del mismo.

 

ARTÍCULO PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos, segundo, y tercero del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014, la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, emite la siguiente

 

D E C L A R A T O R I A

 

ÚNICO. El Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014, entrará en vigor con todos sus efectos legales en el Estado de San Luis Potosí el día 30 de septiembre del año 2014, conforme a lo siguiente:

 

1. A partir de las 00:01 horas del 30 de septiembre del año dos mil catorce, aplicará gradualmente en cada una de las zonas del Estado, iniciando en la del altiplano con el Segundo Distrito Judicial que comprende los municipios de, Matehuala, Catorce, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Cedral, y Vanegas, con residencia en la cabecera municipal de Matehuala; y continúa con el Tercero que comprende los municipios de, Rioverde, Ciudad Fernández, y San Ciro de Acosta, con residencia en la cabecera municipal de Rioverde. Se faculta al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, conformado por los tres Poderes del Estado, para que con la opinión técnica del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, establezca las zonas y los distritos judiciales en que continuará implementándose el Sistema Procesal Penal Acusatorio, en el entendido de que en todo el territorio del Estado deberá estar implementado y se deberá estar operando bajo dicho sistema procesal antes del 18 de junio del año 2016, debiendo notificarlo en cada caso al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

2. A partir de las 00:01 horas del 30 de septiembre del año dos mil catorce, se aplicará únicamente en los delitos que conforme a la legislación penal del Estado se persigan por querella necesaria. Se faculta al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, para que con la opinión técnica del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, determine la fecha en que el Sistema se aplicará en las diversas zonas del Estado, en los delitos que conforme al Código Penal del Estado se persiguen de oficio, sin que tal fecha pueda exceder del 18 de junio del año 2016, debiendo notificarlo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para la publicación del Acuerdo respectivo en el Periódico Oficial del Estado.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Declaratoria entrará en vigor a las 00:01 horas del día uno de agosto del año 2014, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de la Declaratoria que se expide.

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se ABROGA el Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado mediante Decreto Legislativo 572, con fecha 30 de septiembre del año dos mil, el cual queda subyacente para continuar hasta su total resolución el trámite de los asuntos que se iniciaron durante su vigencia; asimismo, continuará aplicándose hasta las 24:00 horas del día 17 de junio del año 2016, en los distritos judiciales en los que conforme al Artículo Primero de este Decreto, aún no haya entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

TRANSITORIO

 

ÚNICO. La abrogación que se decreta en el presente, entrará en vigor el 30 de septiembre del año 2014, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

 

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.

 

D A D O en el salón "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el veintiocho de julio de dos mil catorce.

 

Diputado Presidente, Fernando Pérez Espinosa; Diputado Primer Secretario, José Eduardo Chávez Aguilar; Diputado Segundo Secretario, José Francisco Martínez Ibarra. (Rúbricas).

 

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

 

D A D O en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los treinta días del mes de julio del año dos mil catorce.

 

El Gobernador Constitucional del Estado

 

Dr. Fernando Toranzo Fernández

 

(Rúbrica)

 

El Secretario General de Gobierno

 

Lic. Cándido Ochoa Rojas

 

(Rúbrica)

viernes, 5 de septiembre de 2014

Derecho Comparado

El ejercicio comparatista que imponen los tiempos actuales para el desarrollo de la ciencia jurídica es, más que un mero acto académico, una necesidad que marca la contemporaneidad.

La desaparición de las fronteras de los países, o mejor dicho, su desdibujamiento como consecuencia de los nuevos acordes que llenan el concierto mundial, nos han llevado a la necesidad de replantearnos la forma de concepción de las instituciones tradicionales. Innovaciones como Internet, ese maravilloso universo paralelo que rompe fronteras y crea un mundo virtual apartado pero coexistente al real, es solo una muestra de los alcances, aun insospechados de la imaginación humana.[1]

Por globalización entendemos, con Álvaro Jarillo, profesor asociado de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España “…como el nombre dado al proceso dentro del cual las sociedades están incrementando mutuamente las relaciones de todas clase con el resultado de un mundo interconectado y la progresiva difuminación de las fronteras de los Estados-nación.” [2]

Este proceso, irreversible e irrefrenable, conlleva la búsqueda de soluciones a las problemáticas que surgen en la sociedad tomando en cuenta las aportaciones que al particular puedan hacer otras sociedades.

Esto no es nuevo. Desde siempre el hombre ha buscado en la contrastación y comparación alternativas viables a situaciones concretas. Es, sin embargo, gracias a la tecnología actual que esa búsqueda encuentre mayores elementos donde realizarse. La globalización ha permitido un mayor universo de opciones a elegir.

El campo del derecho no es la excepción y constantemente se dan procesos migratorios de instituciones legales con el fin de aplicarse en casos específicos.

Sin embargo, no es tan simple como la mera asunción de disposiciones normativas trasladadas a latitud distinta. Debe realizarse en un riguroso esquema metodológico si se requiere un resultado acorde a las expectativas.

Tratar de establecer el concepto que nos ocupa encierra una gran dificultad desde el punto de vista semántico, ya que acudiendo al sentido de las palabras podemos caer en una definición indebida por la necesidad de definir mediante lo definido.[3]

Para Konrad Zweigert y Hein Kötz[4]  el Derecho Comparado es la comparación de los diferentes sistemas legales del mundo.

Francisco Javier Ibarra[5] entiende por Derecho Comparado la disciplina que se encarga de estudiar a los diversos sistemas jurídicos en busca de sus diferencias y semejanzas.

Necesitamos ir más allá de la mera significación textual. Hay que explorar notas adicionales que nos permitan definir claramente la esencia de esta disciplina.

De principio, no podemos decir que el Derecho Comparado es una comparación, puesto que es indebido metodológicamente. De ahí que la primera definición que citamos no cumpla con nuestras expectativas.

Respecto de la segunda, si bien es cierto elimina la repetición de términos, se enfoca a señalar que se encarga (el derecho comparado) del estudio de los diversos sistemas legales en busca de semejanzas o diferencias; esto no es totalmente cierto, ya que en todo caso restringe la materia a tal grado que solo contempla la contrastación de sistemas legales en cuanto a su equiparación, pero omite señalar los fines que se persiguen y sus alcances, que incluyen conceptos como el de instituciones o eficacia que van más allá de sus diferencias  o semejanzas. Es decir, no solo se comparan sistemas sino partes de esos sistemas y no solo en cuanto a determinar su parecido o no, sino sus efectos, sus orígenes, su eficacia, etc.

Porque, no hay que perderlo de vista, el ejercicio comparatista es, más que una disciplina autónoma en sí misma, una metodología que pueden emplear las diversas ramas del Derecho con el fin de encontrar respuestas a preguntas concretas.

Ahí radica la esencia del Derecho Comparado: partiendo de la hipótesis formulada como problema a estudio, la comparación nos ayuda a contrastar instituciones legales o normas, con el fin de establecer un parámetro evaluatorio que nos permita concluir con una decisión tendiente a resolver una problemática dada.

Los fines que persigue el Derecho Comparado, partiendo de una concepción actual del mundo,[6] son muy claramente expuestos por Paolo Biscaretti[7] al señalar cuatro finalidades esenciales.

a)    Satisfacción de exigencias de orden cultural en cuanto permiten una Teoría General del Derecho.[8]

b)    Una mejor interpretación y valoración de las instituciones jurídicas del ordenamiento nacional.

c)    Servir de instrumento de política legislativa.

d)    Coadyuvar a la unificación legislativa.

Estos cuatro objetivos evidencian, entonces, que nos asiste razón al afirmar que el puro ejercicio comparativo carece de sentido si no se hace con un propósito determinado. Así, debemos incluir en la definición, más allá de la comparación, el fin de la disciplina, a efecto de que pueda quedar en claro la esencia de lo definido.

¿Qué es lo que se compara?, es decir, ¿Qué constituye el objeto del Derecho Comparado? Estas preguntas dependen de la naturaleza de la investigación que se practica el material normativo de estudio y al ámbito de extensión de la propia investigación.[9]

a)    En primer lugar, atendiendo a la naturaleza de la investigación, se pueden comparar ordenamientos constitucionales en conjunto, partes específicas de los ordenamientos o instituciones el particular.

b)    Por lo que hace al material normativo, se debe atender a disposiciones legales isométricas e isomórficas, con el fin de obtener un resultado metodológicamente correcto. Igualmente debe tomarse en consideración el aspecto formal de las normas, es decir, si son de derecho escrito o bien de índole consuetudinaria.

c)    Finalmente, en lo tocante a la extensión de la investigación debe tomarse en consideración un mínimo de dos ordenamientos, hasta el número que se desee.[10]

Ahora bien, conjuntando los elementos anteriores, podemos considerar al Derecho Comparado como la disciplina que, mediante una metodología de contraste analiza normas, instituciones o sistemas legales con el propósito de destacar sus semejanzas o diferencias a fin de servir como elemento de juicio en una investigación determinada.

Hemos empleado, al igual que otros conceptos anotados, la expresión “sistemas legales”, toda vez que, al margen de las normas y las instituciones, consideradas en lo individual, estos elementos mantienen determinadas relaciones entre sí y se encuentran separadas de un entorno determinado; esto es, constituyen una estructura funcional que tiene una dimensión espacio-temporal propia y, por tanto, difiere de otras estructuras similares.

Los sistemas legales, entonces, son una categoría compleja que agrupa, por sus elementos comunes, a sistemas legales particulares que mantienen cierta coherencia entre sí. Hablamos esencialmente de siete familias jurídicas: francesa, alemana, escandinava, inglesa, rusa, islámica e hindú.[11]

Este elemento taxonómico es importante para determinar la metodología a seguir por el Derecho Comparado, ya que aporta notas particulares que tendrán su trascendencia al enunciar las conclusiones de la investigación.

La metodología a aplicar en el Derecho Comparado es variada de autor a autor, por lo que hemos tomada a Guiseppe de Vergottinni[12]  quien, a nuestro parecer, enuncia un proceso más claro y preciso:

a)    Establecimiento de criterios de clasificación y subclasificación del material[13] a analizar.

b)    Establecer el ámbito de la investigación: sincrónica cuando se hace en función de la especialidad y no de la temporalidad, diacrónica, cuando se toma en cuenta el aspecto histórico o mixto cuando se toman en cuenta ambas dimensiones.

c)    Selección de los materiales a comparar, tomando en cuenta la homogeneidad y pertenencia a determinado sistema legal o familia, así como las otras notas distintivas que pueden matizar los resultados.

d)    Determinar coincidencias, afinidades y diferencias del material comparado.


e)    Conclusión con una evaluación crítica de los resultados.

Este método, a nuestro parecer, pudiera mejorarse incluyendo otros elementos a considerar para la determinación de los resultados:

a)    Considerar, en primer lugar, los aspectos particulares de los grupos humanos, sociedades, Estados, etc. Generadores de las normas, instituciones o sistemas legales a comparar. Es decir, tomar en consideración los aspectos etnológicos, sociológicos, económicos, antropológicos e históricos de donde surge el Derecho que se contrasta.

b)    Considerar, de igual forma, al margen de la naturaleza diacrónica o sincrónica de la investigación, el contexto en que se desarrolla la investigación, a fin de determinar los factores que, siendo externos a las normas, instituciones o sistemas que se comparan, influyen en su dinámica.

c)    Tomar en cuenta, finalmente, los rasgos personales del investigador, ya que la interpretación que se realice de las normas, instituciones o sistemas se verá afectado por el bagaje ideológico del investigador.

Con todo lo anterior, podemos contar entonces con un método integral que nos permita conocer a fondo los materiales comparados y nos facilitará la evaluación de los resultados.

Sin embargo, este método integral que se propone, varía según el propósito que se persiga con la investigación, ya que deberán tomarse en cuenta aspectos particulares destacados, según si se hace con fines de política legislativa, unificación de ordenamientos, generación de conceptos tendientes a una Teoría General o con propósitos evaluatorios internos.

Por otra parte, hemos hecho hincapié en que no solo debe hacerse el ejercicio de contraste entre normas o instituciones, sino también entre sistemas legales, entendiendo por tales las estructuras funcionales que tienen objetivos o fines específicos.

Existe en los diversos regímenes jurídicos un sistema penal, un sistema civil, un sistema laboral, atendiendo al contenido material, en tanto que habrá sistemas jurisdiccionales, sistemas no jurisdiccionales, atendiendo a la cuestión formal. Esto es, que habrá sistemas determinados por su contenido y otros por los enlaces  de conjunto relacionados con un fin.

De tal forma, podemos entonces diseñar un modelo que nos permita abordar el estudio del derecho a través de un ejercicio de contraste.

Por eso, siempre he desconfiado de los ejercicios comparatistas simplones y rasos que en ocasiones sirven para reformar nuestras leyes. Es un trabajo complejo que en ocasiones solo se traduce en las exposiciones de motivos como el “hacemos esto porque muchos lo hacen”, sin tener sustento real para actuar en consecuencia.

La comparación normativa selectiva sin un hilo conductor, un factor de homogeneidad, carece de sentido.




[1]   Chessal Palau, Jorge. “La globalización Jurídica. Hacía una redefinición de conceptos”, publicado en la revista Ratio Juris, No. 6, Época I, Febrero – abril 2001.
[2]  Jarillo, Álvaro. Globalización: Concepto y papel del Estado. Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, España. Visible en la página de Internet http://www.etc.upm.es/gobernabilidad.htm

[3]   Alberto Justo señala en su texto que define esta disciplina en la Enciclopedia Jurídica Omeba que “…el derecho comparado se define a sí mismo con su propia denominación, es decir, con la del método de investigación que, dentro de sus características, puede emplearse para distintos fines.”
[4]   Zweigert, Konrad y Kötz Hein. Introducción al Derecho Comparado. Oxford University Press México, primera edición. México, 2002. Pág. 3.
[5]   Ibarra Serrano, Francisco Javier. Derecho Constitucional Comparado. Supremo tribunal de Justicia del estado de Michoacán de Ocampo y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, primera edición, México 1995. Pág. 21
[6]   Globalización, extinción de los Estados Nacionales y surgimiento de nuevas formas de organización social y política, por solo citar algunos de los signos de la postmodernidad.
[7]   Biscaretti di Ruffia, Paolo. Introducción al Derecho Constitucional Comparado. Fondo de Cultura Económica, primera edición. México, 1996. Pág. 79 y sigs.
[8]   De manera muy acertada Hermann Héller, en su Teoría del Estado, refiere la imposibilidad de una Teoría General en cuanto a que existen diferencias que impiden que pueda hacerse aplicable a todos sin excepción un concepto o serie de conceptos respecto del Estado o el Derecho, de donde solo puede haber una Teoría del Derecho o el Estado, pero no una Teoría General.

[9]   Biscaretti di Ruffia. Ob. Cit. Pág. 81 y sigs.
[10]   No es posible comparar un solo ordenamiento, pues entonces no hay tal contrastación.
[11]   Esta división es expuesta por Arminjon / Nolde / Wlf, quienes toman en cuenta las sustancias de cada uno de los sistemas. Hay otras como las expuestas por Esmein, Rene David o Konrad Zweigert, en la obra citada en este trabajo de este último autor. Sin embargo, consideramos que ninguna de las clasificaciones enunciadas cumple con el rigor necesario para otorgarle validez plena, puesto que deben tomarse en cuenta elementos tanto internos como externos para poder clasificar a los sistemas nacionales en un grupo determinado. Esto aumenta su complejidad  en nuestros días para referirnos al Derecho vigente ya que si bien es cierto pueden compartir antecedentes históricos comunes, hoy por hoy son escasos los sistemas nacionales puros, no afectados por la transculturación jurídica.
[12]   De Vergottinni, Giuseppe. Derecho Constitucional Comparado. UNAM, primera edición. México, 2004. Págs. 50 y sigs.
[13]   Por material entendemos las normas, instituciones o sistemas legales.

lunes, 1 de septiembre de 2014

Jueces en serio

En diversas ocasiones y foros he referido abiertamente que en mi concepto la Constitución, ya federal o local, no confiere a los tribunales superiores una jerarquía respecto de los jueces de primera instancia. Es cierto que hay una distribución de competencias que permite que unos revisen a otros, pero que en la misma medida son todos depositarios del Poder Judicial sin distinción.

Si acudimos a la Constitución General de la República encontramos el siguiente texto:

Art. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

Por su parte la Constitución del Estado de San Luis Potosí señala:

ARTÍCULO 90.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado, en un Supremo Tribunal de Justicia, un Tribunal Electoral, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Menores.

Como puede verse, en ningún momento se señala orden vertical sino que, por el contrario, se trata de una depositaría horizontal.

Esto ha sido ya sostenido en una tesis de publicación reciente (tanto como del viernes 29 de agosto pasado) sostenida por el Pleno en materia civil del Primer Circuito:

Época: Décima Época 
Registro: 2007295 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 29 de agosto de 2014 08:13 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: PC.I.C. J/3 K (10a.) 

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO.

La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 8/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de junio de 2014. Mayoría de doce votos de los Magistrados Gilberto Chávez Priego, Luis Gilberto Vargas Chávez, Daniel Patiño Pereznegrón, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, José Leonel Castillo González, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, María Concepción Alonso Flores, Indalfer Infante Gonzales, Gonzalo Arredondo Jiménez, Carlos Arellano Hobelsberger y Adalberto Eduardo Herrera González. Disidentes: Ma. del Refugio González Tamayo: quien se reservó su derecho a formular voto y Virgilio Solorio Campos: quien formula voto particular. Ponente: Adalberto Eduardo Herrera González. Secretario: Arnulfo Mateos García.

Tesis y/o criterios contendientes: 

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo DC. 199/2013 y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, al resolver el juicio de amparo directo DC. 365/2013.


Esta tesis se publicó el viernes 29 de agosto de 2014 a las 08:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

La lectura anterior me permite afirmar, salvo mejor opinión, que con esto es necesario revisar algunos conceptos tradicionales del ámbito procesal que se ven rebasados con esta interpretación. Sin ser exhaustivo, cito solo dos ejemplo:

a) Se debe dejar de lado el concepto de "efecto devolutivo" cuando se habla de apelaciones civiles, penales o mercantiles, entre otros. Esto se afirma en virtud de que la doctrina ampliamente ha sostenido que cuando se apela ante un tribunal (calificado históricamente como "superior") se dice que se le devuelve la jurisdicción. Esto solo sería posible si la hubieran recibido mediante una derivación de ese tribunal receptor, lo que no es así, ya que la posibilidad de dictar y decidir el derecho emana directamente de la Constitución y no de un ente intermedio.

b) En el caso del Recurso de Queja (concretamente en San Luis Potosí en el Código de Procedimientos Civiles) se determina la procedencia de este medio de impugnación en los siguientes casos:

ART. 971.- El recurso de queja procederá:

I.- Contra el juez que se niegue a admitir una demanda o desconozca de oficio la personalidad de un litigante, antes del emplazamiento;

II.- Respecto de las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias;

III.- Contra la resolución que niegue admitir una apelación;

IV.- En los demás casos fijados por la Ley.

ART. 972.- También se da el recurso de queja contra secretarios o ejecutores por exceso o defecto en las ejecuciones, así como por omisiones o negligencias en el desempeño de sus funciones.

Mientras el artículo 972 no tiene mayor problema, en el caso del 971 , se debe acudir, según dice el diverso 973 del mismo ordenamiento "ante el superior inmediato", lo cual no será posible atendiendo la tesis transcrita.

Y la lista podría seguir.

Es evidente que a efecto de evitar confusiones y hacer más preciso nuestro orden legal deberán adecuarse algunos textos normativos a este criterio que estimo se había tardado mucho en aparecer.

Espero que los legisladores en los dos ámbitos de gobierno se decidan a actualizar conceptos que si bien están en los Códigos procesales desde hace mucho tiempo han sido superados, en ocasiones sin que se den cuenta los mismos hacedores de leyes.