miércoles, 29 de junio de 2016

Aplicación o no del Código Nacional de Procedimientos Penales

En el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce se incluyó un artículo Tercero Transitorio que a la letra señala:

“El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del presente Código, quedarán abrogados, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.

Toda mención en otras leyes u ordenamientos al Código Federal de Procedimientos Penales o a los códigos de procedimientos penales de las entidades federativas que por virtud del presente Decreto se abrogan, se entenderá referida al presente Código.”


Este artículo Tercero Transitorio fue materia de reforma en la Miscelánea Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. La nueva redacción es como sigue:


“El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.

En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.”

Esta modificación incluyó dos cuestiones: la primera, que se cambió el orden del primer párrafo para mayor claridad en la redacción (las palabras “quedarán abrogados” en el caso inicial se colocaba en una muy barroca redacción que finalmente se tradujo en una forma más ordinaria de construcción sintáctica); la segunda, que se aclaró que el nuevo Código se aplicaría en todos los casos de procedimientos penales iniciados luego de iniciada de su vigencia, sin importar que los hechos fueran anteriores a la misma.

Ahí está, justamente, el meollo del asunto, en la expresión “procedimientos penales”.

El Código Federal de Procedimientos Penales, ley que es precisamente la que abroga el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en su artículo 1:

“Artículo 1o.- El presente Código comprende los siguientes procedimientos:

I.- El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal;

II.- El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar;

III.- El de instrucción, que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste;

IV.- El de primera instancia, durante el cual el Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el Tribunal, y éste valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva;

V.- El de segunda instancia ante el tribunal de apelación, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos;

VI.- El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas;

VII.- Los relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.”

Por su parte, el artículo 4 del mismo ordenamiento procesal señala:

“Artículo 4o.- Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal de apelación, constituyen el proceso penal federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo a la ley. Durante estos procedimientos, el Ministerio Público y la Policía Judicial bajo el mando de aquél, ejercitarán, en su caso, también las funciones que señala la fracción II del artículo 2; y el Ministerio Público cuidará de que los tribunales federales apliquen estrictamente las leyes relativas y de que las resoluciones de aquéllos se cumplan debidamente.”

Como podemos ver, “proceso” es un todo complejo, compuesto por varios “procedimientos”, de donde afirmamos que proceso penal no es igual a procedimiento penal.

Si el artículo Transitorio señala que el Código Nacional de Procedimientos Penales se aplicará para los “procedimientos penales” que se encuentren en trámite a la fecha en que inicie su vigencia, en materia federal ocurrirá esto en cada uno de los procedimientos que menciona el Código abrogado, ya que con esa ley se inició. 

Esto significa que, si se encuentra en trámite una averiguación previa a la entrada en vigor del nuevo Código, se seguirá la integración de aquella indagatoria con la legislación abrogada; si se encuentra en curso la etapa de instrucción, se aplicará aquel ordenamiento, y así sucesivamente.

Sin embargo, también significa que, aplicando la ley tal y como se encuentra redactada, no podría ejercitarse la acción penal conforme el sistema tradicional si la averiguación previa se concluye luego de la vigencia del nuevo Código, ya que se trataría de incoar un procedimiento penal distinto (preinstrucción) que ha desaparecido; no podría tramitarse una segunda instancia a partir de una apelación de una sentencia dictada luego de la vigencia del Código Nacional, y así en los demás casos.

¿La razón? Pues simplemente porque el Código Federal de Procedimientos Penales establece claramente cuáles son éstos (los procedimientos penales) que regula (de hecho, de ahí su nombre en plural) e incluso, habla de cómo un conjunto de procedimientos integra un proceso penal; la cuestión es que el Tercero Transitorio, al establecer la abrogación legislativa, señala específicamente “procedimientos” y no “procesos”.

Y, aun así, la averiguación previa quedaría fuera, pues no es parte del proceso penal.

Con esto, podríamos tener indagatorias perfectamente integradas conforme la ley abrogada, ineficaces frente al nuevo orden imperante; preinstrucciones que no podrían concluir con un auto de formal prisión o sentencias que no podrían ser apelables en los términos acostumbrados, ya que la abrogación se inserta en momentos muy específicos del proceso penal, al que hemos perdido la costumbre de identificar como conjunto de “procedimientos penales” y creer que uno otros son lo mismo.

Una nota final: hay legislaciones estatales que hablan de “procedimiento penal” y no de “proceso penal”, incluyendo en aquél como etapas lo que en otros se individualiza, como en el caso federal.

1 comentario:

  1. Bajo esa consideración, si una averiguación previa concluye con la consignación, iniciaría en consecuencia un nuevo procedimiento penal, que debería instruirse conforme el CNPP, aplicándose las dos norma, el problema será cuando no haya equivalencia para la consecución del proceso penal entre las reglas abrogadas y las nuevas

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