miércoles, 22 de junio de 2016

Breves comentarios a la reforma a la Ley de Amparo contenida en la Miscelánea Penal

 La Miscelánea Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, modifica, entre otros ordenamientos, la Ley de Amparo. Haremos un breve repaso al respecto:

1. Como parte del mandato contenido en la fracción VIII del apartado B del artículo 20 de la Constitución General de la República, se modificó el artículo 12 a efecto de señalar que, en el juicio de amparo en materia penal, además de la administrativa, civil, mercantil y laboral tratándose del patrón, el autorizado para oír notificaciones por parte del quejoso o del tercero interesado debe necesariamente acreditar encontrarse autorizado legalmente para ejercer la profesión de abogado.

En caso de no dedicarse al ejercicio de la abogacía, el autorizado solo podrá imponerse de autos y oír notificaciones, pero sin tener facultades para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para defender los intereses del autorizante.

2. El artículo 61, que establece las causales de improcedencia del juicio de amparo, fue modificado en aras de lograr mayor claridad por lo que hace a las excepciones al Principio de Definitividad en cuestiones judiciales a que se refiere la fracción XVIII del precepto en comento, particularmente en la materia penal.

Esta fracción señala la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que se impugnen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 

Como excepción a lo anterior, se reformó el inciso b) para retirar los autos de vinculación a proceso, que fueron remitidos al inciso d) (adicionado) e incluir cualquier tipo de auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad.

Es importante destacar que el Código Nacional de Procedimientos Penales distingue entre providencias precautorias y medidas cautelares. Las primeras son tendientes a garantizar la reparación del daño y consisten en embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; las medidas cautelares serán impuestas para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. 

Así, la excepción opera en el caso de providencias precautorias y, en el caso de medidas cautelares, cuando son restrictivas de la libertad.

3. Se modificó el artículo 73 a efecto de ampliar el término en el cual deben hacerse públicos los proyectos de sentencia que serán discutidos en las sesiones del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se trate de resoluciones sobre constitucionalidad o convencionalidad de normas generales o bien amparos colectivos.

Previo a la reforma, el plazo para la publicación era simultánea a la correspondiente a la lista de sesión, que es de tres días, conforme el artículo 184 de la Ley de Amparo. Ahora la publicación debe hacerse tres días antes de que se publique la referida lista.

Igualmente, con el fin de regular lo anterior, se adicionó un párrafo que señala que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal regular, mediante acuerdos generales, la publicidad de los proyectos de sentencia.

4. Se modifican los párrafos segundo y tercero del artículo 75 para matizar lo relativo a las pruebas en el juicio de amparo penal.

Recordemos que en el amparo no se admitirán pruebas que no se hubieren rendido ante la responsable para la emisión del acto reclamado, excepto cuando el quejoso no tuvo oportunidad de ofrecer pruebas ante la responsable, en cuyo caso lo hará ante el órgano de amparo. Igualmente, la autoridad que conoce del amparo deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.

En ambos casos, nos dice la reciente reforma, el Juez de Distrito deberá cerciorarse de que las pruebas que se desahoguen en el amparo no impliquen violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.

Esto significa un gran cambio, pues las diligencias probatorias en el procedimiento constitucional, en materia penal, deberán observar tanto la Oralidad como el resto de los Principios que informan el nuevo sistema de justicia, es decir, Publicidad, Contradicción, Concentración, Continuidad e Inmediación.

5. La modificación al artículo 77 implica excluir del efecto inmediato de la sentencia que concede el amparo al auto de vinculación a proceso y, en su lugar, se establece la ejecución inmediata, además de los casos de órdenes de aprehensión, las providencias precautorias o los autos que establezcan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable.

En este aspecto, los casos citados constituyen una excepción a la regla que impera en la ejecución de las sentencias de amparo, que solo es factible una vez que causa estado, ya que se hubiera cumplido el término que la Ley de Amparo prevé para la interposición del Recurso correspondiente, sin que se hubiere hecho o bien porque, interpuesto éste, sea resuelto por el tribunal de alzada.

Esta es una modificación importante, ya que, al concederse el amparo contra el auto de vinculación a proceso, éste quedaría insubsistente y, por tanto, concluido el proceso mismo, antes de que adquiriera firmeza la sentencia de amparo, con las dificultades inherentes a un cambio de sentido de la primera a la segunda instancia constitucional.

Ya hemos anotado anteriormente la diferencia entre providencias precautorias y medidas cautelares, por lo que me remito al apartado 2.

6. El artículo 79 incluye una adición que realmente no formó parte de la iniciativa original, ni de la aprobación del Senado como Cámara de origen; se trata de un añadido en la Cámara de Diputados de la que no hemos podido encontrar explicación alguna. El texto incluido señala que en los casos de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Plenos de Circuito; menores, incapaces o que afecte la integridad de la familia; materia penal; materia agraria en favor de ejidos o comunidades o sus integrantes; laboral en favor del trabajador o cuando de se trate de personas que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, expresando en la sentencia “cuando la suplencia derive de un beneficio”.

A mi parecer, la redacción correcta sería “cuando de la suplencia derive un beneficio”, lo que sería más congruente y comprensible, dado que entonces podríamos entender que, si la suplencia no genera algo favorable, no es necesario expresarlo.

7. En relación con el informe justificado que debe rendir la autoridad responsable en el amparo, se señala en el artículo 117 reformado que, en la materia procesal penal, deberá acompañarse al mismo con un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique la intervención de cada una de las partes, con el objetivo de permitir al juez de amparo el debido análisis de las audiencias del procedimiento penal y con ello estar en posibilidad de allegarse de los medios necesarios para su resolución. Recordemos que el informe en esta materia se rinde en medios magnéticos donde conste el desarrollo del procedimiento oral en cada una de las audiencias correspondientes.

8. Con el fin de que no exista la posibilidad de omitir alguna cuestión que deba analizarse en el juicio de amparo en materia penal, el artículo 124 incluye ahora la obligación de analizar íntegramente las videograbaciones que se alleguen a los autos, pues recordemos que se debe garantizar el estudio completo de todos los medios probatorios.

9. En el artículo 128 se incluye la limitación expresa para otorgar la suspensión respecto de las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.

Quedan excluidas de la prohibición, entonces, las providencias precautorias de embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, por lo cual, en estos dos casos, sí será procedente la suspensión.

10. El adicionar en el artículo 138 la obligación de ponderar la apariencia de buen derecho en relación con la contravención de disposiciones de orden público, además del interés social.

El concepto de “disposiciones de orden público” es bastante complejo, pues, de principio, todas las leyes son de orden público. Evidentemente se trata de un contenido de mayor profundidad. Para esto y por no ser el propósito de este trabajo un análisis de gran calado sobre este tema (que dejaremos para próxima ocasión), transcribo un criterio jurisprudencial que puede ayudarnos para entender esta adición:

“Época: Octava Época 
Registro: 228764 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989 
Materia(s): Común 
Tesis: 
Página: 516 

ORDEN PUBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSION.

No es ajeno a la función de los juzgadores apreciar la existencia del orden público en los casos concretos que les someten para su resolución; de ahí que corresponda al juzgador, haciendo uso de la facultad que como tal está dotado, apreciar cada caso concreto que se le presente y determinar, tomando en consideración las circunstancias del mismo, si de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, dado que no basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda seguir una finalidad de interés social, para que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que las autoridades responsables aporten al ánimo del juzgador elementos de convicción suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social o que implicaría una contravención directa e ineludible, por los efectos de la suspensión, a la disposición de orden público, no sólo para el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 30/89. Carolina Santillana Orduña. 1o. de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez Marín. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos.”

11. El artículo 165 se modifica para cambiar la expresión “juez penal” por “órgano jurisdiccional”. Sin embargo, además de esto, tiene una modificación que merece especial atención.

El texto previo a la reforma del precepto en cuestión señala: 

“Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente.

Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición.

En cualquier caso distinto de los anteriores en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o consignado a su juez”

El texto modificado queda de la siguiente manera, resaltándose lo reformado:

“Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesto a disposición.

En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente.”

La detención por caso urgente, acorde lo señalado en el artículo 16 Constitucional, se configura cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, en cuyo caso el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

Como podemos ver, el primer párrafo reformado da a entender que el Ministerio Público es precisamente quien ordena la detención, lo que es acorde a la Constitución; se habla de un plazo de cuarenta y ocho o bien noventa y seis horas para liberar al individuo o bien ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional, como efecto de la suspensión, lo que se deduce de los dos primeros párrafos de este artículo y que, además, es congruente con el artículo 16 Constitucional.

Sin embargo, el tercer párrafo señala que, en los casos de detención en caso urgente, la suspensión tiene el efecto de que se le ponga en inmediata libertad o a disposición del órgano jurisdiccional. Entonces ¿hay plazo de cuarenta y ocho o noventa y seis horas o no?

Por una parte, ese término está previsto en la Constitución; sin embargo, la misma Constitución, en su artículo 1, se dice que las normas deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, con lo cual debería prevalecer el primer y tercer párrafo que limita la facultad del Ministerio Público.

12. El artículo 166 fue adicionado con un párrafo que remite al artículo 128 (comentado líneas arriba) en cuanto a las órdenes o medidas de protección impuestas en cualquier etapa de un procedimiento penal.

Estas órdenes o medidas no son suspendibles.

13. En el artículo 170 se precisó claramente que todo tipo de sentencias en materia penal pueden ser impugnadas, vía amparo directo, por la víctima u ofendido del delito, en virtud de que, antes de la modificación, se limitaba el artículo a señalar que eran impugnables por éstos las sentencias absolutorias y los autos referidos a la libertad del imputado.

Igualmente se reformó este precepto para resolver un añejo cuestionamiento en torno a ¿cuándo inicia el juicio?

Claramente se señala ahora en la Ley de Amparo que el juicio inicia con la presentación de la demanda, en tanto que, en materia penal, el proceso empieza con la audiencia inicial ante el juez de control.

De esta forma, cualquier acto previo o posterior a esos momentos indicados serán considerados actos previos, fuera de juicio. 

14. En el artículo 173 se contemplan los casos en que se consideran violadas las leyes del procedimiento penal con trascendencia a las defensas del quejoso. Este precepto cambió totalmente pues estableció ahora dos grandes apartados, dependiendo del sistema procesal aplicable. Por tal motivo transcribo el artículo en su totalidad, tal como queda luego de su modificación:

“Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:

Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto

I. No se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre del acusador particular si lo hubiere;

II. No se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio;

III. Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia del juez, en los supuestos y términos que establezca la ley;

IV. El juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley;

V. No se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia, o cuando se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga;

VI. No se respete al imputado el derecho a declarar o a guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio;

VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho;

VIII. Se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;

IX. No se le suministren los datos que necesite para su defensa;

X. Se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del Agente del Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria, sin la del juez que deba fallar o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto, así como el defensor;

XI. La sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de intimidación, tortura o de cualquiera otra coacción;

XII. La sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente;

XIII. Seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito;

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia solo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación siempre que, en este último caso el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y que el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio propiamente tal, y

XIV. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo.

Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley;

II. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir;

III. Intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente;

IV. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable;

V. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones;

VI. No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio;

VII. El Órgano jurisdiccional reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable;

VIII. El imputado no sea informado, desde el momento de su detención en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional, de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten;

IX. No se le haga saber o se le niegue al imputado extranjero, el derecho a recibir asistencia consular de las embajadas o consulados del país respecto del que sea nacional, salvo que haya declinado fehacientemente a este derecho;

X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;

XI. El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo cuando se trate de los casos de excepción precisados por las disposiciones aplicables;

XII. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el procedimiento o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistarlo;

XIII. No se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso;

XIV. En caso de que el imputado no hable o entienda suficientemente el idioma español o sea sordo o mudo y no se le proporcione la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o que tratándose de personas indígenas no se le proporcione un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura;

XV. Debiendo ser juzgado por una autoridad judicial, no se integre en los términos previstos en la ley o se le juzgue por otro tribunal;

XVI. No se permite interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzca indefensión;

XVII. No se hayan respetado los derechos de la víctima y ofendido en términos de la legislación aplicable;

XVIII. Cuando seguido el proceso por un delito, el quejoso haya sido sentenciado por un ilícito diverso a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación, sin que hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, en términos de la legislación procedimental aplicable.

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, o bien sea el resultado de la reclasificación jurídica del delito en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;

XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo.”

15. En el artículo 178 se agrega, como se hizo en materia de amparo indirecto, una disposición expresa para que, en la materia procesal penal, se acompañe al informe justificado un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique la intervención de cada una de las partes. Me remito al comentario contenido en el punto 7 que antecede, pues se trata de la misma hipótesis.

16. Por lo que hace al amparo adhesivo, se amplió en el artículo 182 el listado de personas excluidas de la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa, en relación con las violaciones procesales que pudieran trascender al fallo.

Así, no tienen esa obligación por cuanto al Principio de Definitividad en amparo directo los menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose del imputado (anteriormente, inculpado) y del ofendido o víctima.

17. En materia de suspensión en amparo directo, el artículo 191 señala que, cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada, agregando que, si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable.

La modificación consistió en eliminar del precepto la expresión “la cual deberá ponerlo en libertad caucional si la solicita y ésta procede” con que concluía la redacción anterior. Luego de “por mediación de la autoridad responsable”.

18. El artículo 227, que establece la legitimación para denunciar las contradicciones de tesis jurisprudenciales, excluía, por alguna desconocida razón, a los Tribunales Unitarios de Circuito.

Es decir, que podían formular la denuncia Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Plenos de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito, así como sus integrantes, Jueces de Distrito, Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los asuntos que las motivaron. Sin embargo, no obstante que son autoridad de amparo, los Tribunales Unitarios quedaban fuera de la posibilidad de evidenciar la contradicción de tesis. La reforma los incluyó.

Estos son solo algunos breves comentarios que pretenden dar un resumen del impacto de la Miscelánea Penal en la Ley de Amparo. No es en forma alguna un estudio exhaustivo ni de mayor pretensión o profundidad.

Espero resulte de utilidad.

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