miércoles, 8 de octubre de 2014

Protección animal

El pasado 7 de octubre de 2014 se dió entrada en el Senado de la República a dos iniciativas suscritas por Gabriela Cuevas, Senadora por el Partido Acción Nacional y por el Senador Jorge Emilio González, del Partido Verde. En estas propuestas de plantea la protección a los animales desde la norma fundamental y la legislación federal.

A continuación transcribo ambas iniciativas. 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Exposición de Motivos

Durante los últimos años, el término de bienestar animal se ha incluido como uno de los pilares de la protección y el cuidado de los animales tanto en el ámbito jurídico nacional como internacional. Dicho bienestar se basa en la idea de que el ser humano tiene la responsabilidad de tratar digna y respetuosamente a los animales, brindándoles las condiciones que les permitan lograr su pleno desarrollo.

Con el propósito de impulsar este importante tema, que por mucho tiempo ha estado en la agenda internacional, la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA por sus siglas en inglés) ha elaborado la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA), instrumento que establece principios básicos para crear una mayor conciencia a nivel individual y restringir las acciones que ejercemos sobre los animales. En esta Declaración se reconoce no sólo que los animales son seres que sienten y que, por tanto, merecen la debida consideración y respeto, sino también que los seres humanos coexistimos en este planeta junto con otras especies formando un ecosistema interdependiente.

Ahora, a nivel interno tenemos la responsabilidad de elaborar un marco legal de vanguardia que nos permita erradicar la crueldad animal y atender las necesidades de bienestar de estos seres. Como representantes populares, debemos pugnar por una sociedad más responsable hacia el trato de los animales, conscientes de que la cultura de un país se nota en el trato que se da a todos los seres vivientes.

En congruencia con lo anterior, los suscritos estamos impulsando una serie de reformas para lograr la protección de los animales, tanto a nivel constitucional como en la legislación secundaria.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 171 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, cuando una propuesta involucre disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se deben presentar en iniciativas separadas indicando la correlación entre las mismas.

En ese tenor, refiero la iniciativa que expide la Ley General sobre Trato Digno y Respetuoso hacia los Animales, que se presentará simultáneamente a la presente con la finalidad de que en, primer término, se faculte al Congreso de la Unión a legislar en la materia y, posteriormente, se expida la ley que establezca la concurrencia de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de trato digno y respetuoso hacia los animales.

Para lograr lo anterior, se propone reformar la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto vigente faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que distribuyan competencias entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Con fundamento en esta disposición constitucional, han sido expedidas las leyes: (i) General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; (ii) General de Vida Silvestre; (iii) General de Desarrollo Forestal Sustentable, y (iv) General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Considerando la intención de que en el sistema jurídico mexicano exista una ley general en materia de protección, bienestar y trato digno hacia los animales,  en la presente iniciativa se propone establecer expresamente en la fracción de referencia la facultad del Congreso de la Unión para expedir la legislación que distribuya competencias entre los tres órdenes de gobierno materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, quedando de la siguiente forma:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, y de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; y de protección, bienestar y trato digno hacia los animales.

De esta forma, además de otorgar facultades expresas al Poder Legislativo Federal para legislar en materia de protección, bienestar y trato digno hacia los animales, se aprovecha la oportunidad de reformar la fracción que nos ocupa para perfeccionarla, sustituyendo la expresión “gobierno de los estados” por “gobiernos de las entidades federativas”, y se hace referencia a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a fin de que el régimen político de la Ciudad de México también entre en el ámbito material de aplicación de la presente fracción del artículo 73 constitucional.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

UNICO.- Se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.- ….

I a XXIX-F…..

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, y de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; y de protección, bienestar y trato digno hacia los animales.

XXIX-H a XXX….

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la ley que establezca la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, y de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en materia de protección, bienestar y trato digno hacia los animales a más tardar dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

2.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre Trato Digno y Respetuoso hacia los Animales y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y del Código Civil Federal, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los últimos años, el término de bienestar animalse ha incluido como uno de los pilares de la protección y el cuidado de los animalestanto en el ámbito jurídico nacional como internacional. Dicho bienestar se basa en la idea de que el ser humano tiene la responsabilidad de tratar digna y respetuosamentea los animales, brindándoles las condiciones que les permitan lograr su pleno desarrollo.

Con el propósito de impulsar este importante tema, la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA, por sus siglas en inglés) elaboró la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA), instrumento que establece principios básicos para crear una mayor conciencia a nivel individual y restringir las acciones que ejercemos sobre los animales. En esta Declaración se reconoce no sólo que los animales son seres que sienten y que, por tanto, merecen la debida consideración y respeto, sino también que los seres humanos coexistimos en este planeta junto con otras especies formando un ecosistema interdependiente.

En este sentido, los legisladores tenemos la responsabilidad de elaborar un marco legal de vanguardia que nos permita erradicar la crueldad animal y atender las necesidades de bienestar de estos seres. Como representantes populares, debemos pugnar por una sociedad más responsable hacia el trato de los animales, conscientes de que la cultura de un país se nota en el trato que se da a todos los seres vivientes.

Del análisis realizado por especialistas y organizaciones protectoras de animales se ha concluido que el tema del bienestar animal rebasa las cuestiones medioambientales y de salud pública para circunscribirse, principalmente, en la esfera de la ética ambiental y colectiva. En este sentido, las organizaciones que participaron en foros sobre protección y bienestar animal realizados durante la pasada Legislatura, convergen en la urgencia de contar con ordenamientos que propicien la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza, especialmente con disposiciones que regulen el trato digno y responsable de los animales tomando en cuenta los múltiples problemas que se generan por el maltrato de estos seres.

En los últimos años hemos observado incontables escenas de maltrato hacia todo tipo de animales, escenas en las que observamos cómo se les inflige dolor, sufrimiento y estrés, ya sea por la negligencia de los responsables que no les brindan los cuidados básicos (como la provisión de refugio, alimentación o atención veterinaria adecuada),o bien, por actos de tortura o mutilación cruel e intencional. Estas acciones -que por sí mismas son injustificables y moralmente reprochables- no sólo afectan a los animales, ya que también pueden conllevar perjuicios a la sociedad como los siguientes: la sobrepoblación de animales en la calle; y la violencia que entre las personas ocasiona el maltrato sistemático hacia los animales.

Respecto al tema de la sobrepoblación animal, es necesario mencionar que ésta puede generar no sólo problemas medioambientales, sino también de salud pública y de convivencia social, principalmente por los ataques que puede sufrir la gente por animales que no se encuentran bajo el cuidado de personas responsables. Además, se tiene conocimiento de la transmisión de diversas enfermedades zoonóticas que se generan por el contacto directo de personas con animales que no reciben una atención veterinaria adecuada. Tan sólo en la capital del país se atienden cada año a cerca de mil personas por mordeduras de perros y existen alrededor de 120,000 animales callejeros, los cuales producen cientos de toneladas mensuales de excremento que pueden ocasionar enfermedades respiratorias y gastrointestinales como asma, conjuntivitis, parasitosis y salmonelosis.

Por otro lado, es impotante decir que las acciones que se cometen en contra de los animales guardan cierta relación con la violenciaque se ejerce hacia otras personas. De hecho, algunos estudios han hallado una relación entre la crueldad hacia los animales y la subsecuente violencia contra seres humanos. Esto hace ver que el cuidado de los animales no sólo es una cuestión ética o ambiental, sino un elemento más para evitar la cultura de la violencia.

Y una de las soluciones a los problemas arriba esbozados lo constituye la regulación del trato digno y respetuoso de los animales por parte de sus “guardianes” o “cuidadores”, quienesdeben encargarse de satisfacer sus necesidades físicas, psicológicas y ambientales, así como de prevenir cualquier riesgo que puedan ocasionar a la comunidad(bien sea una potencial agresión, la transmisión de enfermedades o daño a terceros).

La importancia de estas acciones las podemos dimensionar si consideramos lo siguiente: que el número de perros otorgados por sus dueños a los centros antirrábicos representa el 80 por ciento de los capturados; y que en el periodo 2010-2012, en el Distrito Federal se sacrificaron 110 mil animales de compañía por los Centros Antirrábicos Veterinariosque dependen de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

Cabe agregar que en 3 de cada 10 casas hay un perro confinado, amarrado o viviendo en la azotea, mientras que sólo el 10 por ciento tiene dueños responsables (el resto pasa la mayor parte del tiempo en la calle sin los cuidados ni las vacunas necesarias). En el Distrito Federal, por ejemplo, tan sólo en dos años (2010-2012) la Brigada de Vigilancia Animal atendió 6,304 denuncias relacionadas con el maltrato animal, animales agresivos, entregas voluntarias, rescate de animales y animales silvestres y de compañía que causan molestia a la población.

A lo anterior se suman maltratos como los infligidos a los animales que se utilizan en espectáculos públicos. Según datos de la organización Animal Defenders International (ADI), los animales que se utilizan en los circos padecen circunstancias como las siguientes: los caballos y ponis pasan hasta el 96 por ciento del tiempo atados a cuerdas de poca longitud; los tigres y leones pasan entre el 75 y el 99 por ciento del tiempo en jaulas situadas en los camiones; y los elefantes pasan desde el 58 al 98 por ciento del tiempo encadenados al menos de una pierna.

Todas estas problemáticas evidencian la necesidad de formular una legislación que, desde el ámbito federal, siente las bases para que las leyes locales y los gobiernos subnacionales  apliquen de manera coordinada y uniformelas mismas medidas de trato digno y respetuoso a los animales, fomentando así una nueva ética ambiental.

Marco jurídico actual

El Congreso de la Unión, en uso de sus facultades, ha reformado diversos ordenamientos para legislar en materia de protección y bienestar animal. Sin embargo, lo ha hecho sin un propósito claro ni una política homogénea. Por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que la preservación y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestredebe considerar, entre otros criterios, el fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales con el propósito de evitar la crueldad en su contra, tema que debe regularse por los tres órdenes de gobierno de acuerdo al artículo 87 Bis 2 de dicho ordenamiento.

Por su parte, la Ley Federal de Sanidad Animal fija las bases para el diagnóstico, la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales. Asimismo, incluye disposiciones encaminadas a procurar el bienestar de los animales destinados al consumo humano, entendidoéste como el “conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio”.

De igual manera, la Ley General de Vida Silvestre tiene por objeto la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, pero también contiene previsiones para regular las poblaciones ferales, es decir, aquellos ejemplares pertenecientes a especies domésticas que, al quedar fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre y sobre las cuales se permite la aplicación de medidas para su control y erradicación. Por lo cual se hace necesario procurar dicho bienestar a todos aquellos animales, tanto domésticos, como para alimentación y de trabajo, entre otros.

Y no podemos pasar por alto que esta Cámara Alta ha aprobado reformas a la Ley General de Vida Silvestre,y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para definir lo que debe entenderse por “Trato Digno y Respetuoso”, “Crueldad” y “Maltrato Animal”. Sin embargo, debemos reconocer que si bien esta es una muestra de la sensibilidad y preocupación por atender este tema, dichas modificaciones no responden a una visión integral del bienestar que se debe procurar a todo tipo de animales, pues únicamente se enfocan en la fauna silvestre.

A toda esta dispersión y heterogeneidad de disposiciones debemos agregar las Normas Oficiales Mexicanas que han emitido las Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de regular el trato que se debe dar a los animales de compañía; aunque lo hacen desde un enfoque centrado en la sanidad animal: NOM-042-SSA2-2006 sobre especificaciones sanitarias para los centros de atención canina;NOM-033-ZOO-1995 sobre sacrificio humanitario de los animales domésticos; NOM-045-ZOO-1995 sobre características zoosanitarias para la operación de establecimientos donde se concentren animales para ferias, exposiciones, subastas, tianguis y eventos similares; y NOM-051-ZOO-1995 sobre trato humanitario en la movilización de animales.

Como puede observarse, las disposiciones vigentes parten de una visión muy restringida del bienestar animal y se enfocan únicamente en los temas de sanidad. Así que, además de ser confusos y ambiguos, los ordenamientos carecen de un hilo conductor que procure el trato humanitario de todos los animales y no únicamente de aquellos que sean utilizados para consumo humano o que sean considerados como silvestres.

A ello debemos agregar el interés que ha ido cobrando este tema entre los congresos estatales, pues tan sólo en 2013 se promulgaron 7 leyes estatales que están relacionadas con la protección de los animales. Desafortunadamente, las leyes locales que existen cubren aspectos diferentes y limitados de todo lo que conlleva el trato digno y respetuoso hacia los animales.

La mencionada heterogeneidad presenta obstáculos importantes. Evidencia de esto es que mientras algunas leyes están enfocadas a proteger a toda la fauna, otras contemplan únicamente a los animales domésticos. Además, estados como Oaxaca y Sinaloa no incluyen dentro de sus leyes vigentes un ordenamiento exclusivo para la protección y el trato digno de los animales, sino que incluyen estos temas en leyes enfocadas en el equilibrio ecológico.

Cabe decir que dentro de las diferencias que se observan entre las legislaciones estatales se encuentra el grado de prohibiciones que contemplan. Como ejemplo de esto podemos decir que la mayoría de los estados prohíbe las peleas de perros pero permite las peleas de gallos o las corridas de toros. Además, algunos estados prohíben que se regalen animales como propaganda, promoción comercial o como premio en juegos, ferias, sorteos y eventos similares, pero otros no establecen esta prohibición, ocasionando que los animales terminen en manos de personas que no necesariamente tienen el tiempo, la capacidad o el deseo de darles un trato digno y un ambiente propicio para su bienestar. Algunas leyes también contemplan y regulan el trato que debe procurarse a los animales que se encuentran en circos, (incluso Querétaro y el Distrito Federal han prohibido el uso de animales en estos espectáculos), pero hay otros estados que no contemplan disposiciones en este rubro.

La mayor diferencia entre legislaciones locales en lo que respecta a protección de los animales se encuentra en la parte de las sanciones. La heterogeneidad de las sanciones es un elemento importante que requiere de la atención del poder legislativo federal para que haya un criterio proporcional a la falta cometida y sea igual en todo el territorio nacional. La mayoría de los estados contemplan dentro de sus leyes sanciones administrativas que incluyen amonestaciones, multas, arresto administrativo hasta por 36 horas y penas como clausura de establecimientos o decomiso de ejemplares. Sonora incluye también tiempo en prisión que va desde seis meses hasta cuatro años.

La mayor diferencia radica, entre otras cosas, en la magnitud de las multas, pues mientras que en estados como Sonora y Zacatecas las multas llegan hasta los 400 salarios mínimos y hasta 500 en Aguascalientes y Veracruz, Yucatán impone una cantidad de 50,000 salarios mínimos como máxima multa, en tanto que en Nayarit es de 100 salarios mínimos y en Michoacán de 10 salarios mínimos. Es importante resaltar estas diferencias porque en muchos estados no se contempla una relación específica entre la falta cometida y su correspondiente sanción, sino que el margen de sanciones se decide sin criterios claros a quien transgreda cualquier disposición de la ley.

Otro problema que se encuentra en las leyes locales es que no todas contemplan las mismas agravantes para la imposición de las multas o sanciones. Algunos estados contemplan como agravante la reincidencia del delito pero tienen conceptos diferentes de lo que es “reincidir”, pues mientras que Chiapas define a los reincidentes como “quienes cometan una falta dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que hubieran sido sancionados”, Querétaro lo define dentro del plazo de un año y Aguascalientes de dos años.

Por todo lo anterior, la aprobación de una Ley General sobre Trato Digno y Respetuoso hacia los Animales debe considerarse como necesaria si se buscafomentar una nueva ética ambiental, dotando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno de un marco jurídico eficaz que les permita sancionar debidamente aquellas conductas que afecten el bienestar de los animales.Sin embargo, para que pueda emitirse una Ley General en esta materia es necesario que exista una disposición constitucional que determine la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y otra que obligue expresamente al Congreso de la Unión a emitir dicha ley. Por ello, junto con la presente iniciativa se presenta una reforma constitucional que propone reformar la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor siguiente:

 “Único. Se reforma la fracción XXIX-G al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 73. …
“I. a XXIX-F. ...
“XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; de vida silvestre; y de protección, bienestar y trato digno hacia los animales.
“XXIX-H a XXX. ...
“Transitorios
“Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
“Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la ley a que se refiere el presente decreto a más tardar dentro de los 60 días siguientes a su entrada en vigor.
“Tercero. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este decreto dentro de los 180 días siguientes de su entrada en vigor.”

Propuesta

El bienestar de los animales no sólo implica proveerles de los cuidados básicos como salud, alimentación adecuada y espacio de descanso que los resguarde de las inclemencias del tiempo. También comprende la adopción de medidas que les permitan desarrollar las actividades propias de su especie. Para ello, las personas deben asumir una serie de obligaciones que estén enfocadas a satisfacerlos requerimientos físicos, psicológicos y ambientales de los animales, previniendo al mismo tiempo las afectaciones que estos pueden ocasionar a la comunidad y al medio ambiente mediante agresiones, transmisión de enfermedades y daño a propiedad ajena.

Tomando en cuenta lo anterior, esta ley se inspira en varios principios. El primero de ellos, y el fundamental, es el reconocimiento de que el cuidado y la protección de los animales recae directamente en sus guardianes, desde su mantenimiento fisiológico hasta su consideración como ser vivo con el que se establece un vínculo que conlleva una serie de responsabilidades.

En específico, se proponen las siguientes medidas para asegurar el trato digno y respetuoso hacia los animales:
  • Se establece que los responsables de animales deben procurarles el mismo cuidado a todos, independientemente de que éstos sean domésticos, de trabajo o utilizados para exhibiciones. 
  • Se señalan las acciones que deben emprenderse para evitar la reproducción incontrolada de animales, enfatizando la importancia de las campañas de esterilización y adopción como las medidas más efectivas para solucionar el problema de la sobrepoblación.
  • Se prohíben los circos que utilizan animales.
  • Se prohíben las peleas de gallos, corridas de toros, novillos y becerros a partir de enero de 2016.
  • Se establecen prohibiciones como las siguientes: desollar animales vivos, implicarlos en peleas de cualquier clase, enajenarlos en la vía pública, sacrificarlos sin causa alguna, entre otras.
  • Se regula la entrega y venta de animales, así como los cuidados y el tratamiento que se debe dar a los que sean catalogados como abandonados.
  • Se regula la participación ciudadana en el cuidado y la protección de los animales.
  • Se responsabiliza a los padres o a quienes ejerzan la patria potestad o tutela de menores de edad por las faltas que estos cometan. Al respecto, es importante decir que algunas entidades ya cuentan con esta medida: Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Veracruz y Campeche.
  • Se regulan los establecimientos que por cualquier razón tienen contacto con animales. En especial, se reorienta el trabajo de los llamados Centros Antirrábicos por los Centros de Control y Atención Animal, los cuales buscarán una relación armónica entre la sociedad y los animales.
  • Se establece que los planes y programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria incluyan contenidos que promuevan una cultura de respeto a los animales.
  • Se precisa que el uso de animales en la investigación o experimentación sólo se justifica cuando sea imprescindiblepara el estudio y avance de la ciencia, y siempre que no exista algún método alterno que los sustituya, tomando en cuenta que en la actualidad existen procedimientos avanzados como cultivos in vitro, películas, modelos en computadora, entre otros.
También se establece que para el manejo y la utilización de animales con fines de enseñanza e investigación, las instituciones deben desarrollar programas de capacitación en materia de protección y trato respetuoso a los animales, fomentando la sensibilización de estudiantes y profesores frente a la experimentación animal.

Se prohíbe el uso de animales en los cursos y materias que se impartan en la educación básica y media superior.
  • Se establecen restricciones para la posesión de especies exóticas o distintas a las consideradas de manera tradicional como animales de compañía. 
  • Se establece que las entidades federativas deberán asignar anualmente recursos suficientes para la operación del Centro de Control y Atención Animal a fin de que cumplan con las funciones señaladas en esta Ley.
  • Se regulan las denuncias anónimas que los ciudadanos podrán presentar por las infracciones que se cometan en contra de lo dispuesto por esta ley.
  • Se plantean reformas a leyes secundarias que regulan algunos aspectos del bienestar animal como la Ley Federal de Sanidad Animal y el Código Civil Federal.
  • Además, se tipifican como delito los actos de maltrato o crueldad animal, tomando como referente lo establecido en el Código Penal para el Distrito Federal. 
En síntesis, se vela por la protección de las “5 libertades” de los animales que se reconocen en la Declaración Universal sobre Bienestar Animal, es decir, que estén libres de hambre, de sed y malnutrición; de miedo y angustia; de incomodidad física y térmica; de dolor, heridas y enfermedades; y que sean libres de expresar patrones normales de comportamiento.

Además, se incluyen las tres “R’s” que sirven como guía para brindarles un trato adecuado:

1) Reducir la sobrepoblación de animales, 

2)Refinar los métodos experimentales, y 

3) Reemplazar a los animales con técnicas de vanguardia.

sábado, 6 de septiembre de 2014

DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Declaratoria publicada en la Edición Extraordinaria al Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el miércoles 30 de julio de 2014.

 

Poder Legislativo del Estado

 

Dr. Fernando Toranzo Fernández, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

 

DECRETO 752

 

La Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Decreta

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El nuevo Sistema Penal Acusatorio, de corte adversarial creado a partir de la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, ordena en el artículo segundo transitorio su incorporación en todas las entidades federativas del país. En tal virtud, el Estado de San Luis Potosí inició su proceso de implementación a partir del Acuerdo publicado el 5 de febrero de 2010 en el Periódico Oficial del Estado, por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, conformado por los tres poderes del Estado, un Consejo Asesor y de Expertos, y una Secretaría Técnica; con el objeto de analizar y acordar las políticas de coordinación necesarias para su cabal cumplimiento.

 

De conformidad con las disposiciones constitucionales citadas, el Congreso del Estado emitió el Decreto Legislativo 1156, mediante el cual se expide el Código Procesal Penal para el Estado de San Luis Potosí, el cual fue publicado en edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado con fecha 16 de octubre del año 2012; en tal instrumento se estableció en el artículo primero transitorio la entrada en vigor del mismo a partir del 1° de marzo del año 2014; posteriormente el 28 de febrero del 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto Legislativo 527, que en su artículo 5° dispone la derogación del precitado Código a partir de su entrada en vigor, (es decir el 1° de marzo del 2014), y señala que en consecuencia subyace con todos sus efectos legales el diverso Decreto Legislativo 572 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de septiembre del año 2000, por el que se expidió el Código de Procedimientos Penales para el Estado, ordenamiento que por tanto se encuentra vigente hoy día.

 

Asimismo, en el Decreto 527 antes referido se modificó la Declaratoria que notifica el Sistema Procesal Penal Acusatorio, publicada inicialmente el 24 de noviembre del 2012, para establecer la incorporación gradual en la modalidad determinada por región, iniciando el 30 de septiembre del 2014 en la región altiplano en el Segundo Distrito Judicial que comprende los municipios de, Matehuala, Catorce, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Cedral, y Vanegas, con residencia en la cabecera municipal de Matehuala; continuando en el Tercer Distrito Judicial que comprende los municipios de, Rioverde, Ciudad Fernández, y San Ciro de Acosta, con residencia en la cabecera municipal de Rioverde; y para autorizar al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, para que con la opinión técnica del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sea el que establezca las zonas y los distritos judiciales en los que continuará implementándose el Sistema Procesal Penal Acusatorio, debiendo notificar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para efecto de que ordene la publicación del acuerdo respectivo en el Periódico Oficial del Estado. Igualmente, se estableció que tal incorporación será, además, por tipo de delito, para que el nuevo sistema se aplique de manera inicial únicamente en los delitos que se persiguen por querella, y faculta a dicho Consejo para que con la opinión técnica del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, establezca la fecha en la que el sistema se aplique también en los delitos que se persiguen de oficio, debiendo asimismo notificarlo al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para efecto de que ordene la publicación del acuerdo respectivo en el Periódico Oficial del Estado.

 

Conforme a lo anterior, la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de San Luis Potosí, es congruente con lo dispuesto en la Declaratoria de Incorporación referida en el párrafo que antecede, y atendiendo a lo señalado en el Artículo Segundo Transitorio del propio Código Nacional, pues ésta cumple con el requisito de ser expedida sesenta días antes de la entrada en vigor el próximo 30 de septiembre del presente año, del citado Ordenamiento Nacional y, con ello, dar exacto cumplimiento a la disposición transitoria segunda del mismo.

 

ARTÍCULO PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos, segundo, y tercero del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014, la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, emite la siguiente

 

D E C L A R A T O R I A

 

ÚNICO. El Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014, entrará en vigor con todos sus efectos legales en el Estado de San Luis Potosí el día 30 de septiembre del año 2014, conforme a lo siguiente:

 

1. A partir de las 00:01 horas del 30 de septiembre del año dos mil catorce, aplicará gradualmente en cada una de las zonas del Estado, iniciando en la del altiplano con el Segundo Distrito Judicial que comprende los municipios de, Matehuala, Catorce, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Cedral, y Vanegas, con residencia en la cabecera municipal de Matehuala; y continúa con el Tercero que comprende los municipios de, Rioverde, Ciudad Fernández, y San Ciro de Acosta, con residencia en la cabecera municipal de Rioverde. Se faculta al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, conformado por los tres Poderes del Estado, para que con la opinión técnica del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, establezca las zonas y los distritos judiciales en que continuará implementándose el Sistema Procesal Penal Acusatorio, en el entendido de que en todo el territorio del Estado deberá estar implementado y se deberá estar operando bajo dicho sistema procesal antes del 18 de junio del año 2016, debiendo notificarlo en cada caso al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

2. A partir de las 00:01 horas del 30 de septiembre del año dos mil catorce, se aplicará únicamente en los delitos que conforme a la legislación penal del Estado se persigan por querella necesaria. Se faculta al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, para que con la opinión técnica del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, determine la fecha en que el Sistema se aplicará en las diversas zonas del Estado, en los delitos que conforme al Código Penal del Estado se persiguen de oficio, sin que tal fecha pueda exceder del 18 de junio del año 2016, debiendo notificarlo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para la publicación del Acuerdo respectivo en el Periódico Oficial del Estado.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Declaratoria entrará en vigor a las 00:01 horas del día uno de agosto del año 2014, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de la Declaratoria que se expide.

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se ABROGA el Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado mediante Decreto Legislativo 572, con fecha 30 de septiembre del año dos mil, el cual queda subyacente para continuar hasta su total resolución el trámite de los asuntos que se iniciaron durante su vigencia; asimismo, continuará aplicándose hasta las 24:00 horas del día 17 de junio del año 2016, en los distritos judiciales en los que conforme al Artículo Primero de este Decreto, aún no haya entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

TRANSITORIO

 

ÚNICO. La abrogación que se decreta en el presente, entrará en vigor el 30 de septiembre del año 2014, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

 

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.

 

D A D O en el salón "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el veintiocho de julio de dos mil catorce.

 

Diputado Presidente, Fernando Pérez Espinosa; Diputado Primer Secretario, José Eduardo Chávez Aguilar; Diputado Segundo Secretario, José Francisco Martínez Ibarra. (Rúbricas).

 

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

 

D A D O en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los treinta días del mes de julio del año dos mil catorce.

 

El Gobernador Constitucional del Estado

 

Dr. Fernando Toranzo Fernández

 

(Rúbrica)

 

El Secretario General de Gobierno

 

Lic. Cándido Ochoa Rojas

 

(Rúbrica)

viernes, 5 de septiembre de 2014

Derecho Comparado

El ejercicio comparatista que imponen los tiempos actuales para el desarrollo de la ciencia jurídica es, más que un mero acto académico, una necesidad que marca la contemporaneidad.

La desaparición de las fronteras de los países, o mejor dicho, su desdibujamiento como consecuencia de los nuevos acordes que llenan el concierto mundial, nos han llevado a la necesidad de replantearnos la forma de concepción de las instituciones tradicionales. Innovaciones como Internet, ese maravilloso universo paralelo que rompe fronteras y crea un mundo virtual apartado pero coexistente al real, es solo una muestra de los alcances, aun insospechados de la imaginación humana.[1]

Por globalización entendemos, con Álvaro Jarillo, profesor asociado de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España “…como el nombre dado al proceso dentro del cual las sociedades están incrementando mutuamente las relaciones de todas clase con el resultado de un mundo interconectado y la progresiva difuminación de las fronteras de los Estados-nación.” [2]

Este proceso, irreversible e irrefrenable, conlleva la búsqueda de soluciones a las problemáticas que surgen en la sociedad tomando en cuenta las aportaciones que al particular puedan hacer otras sociedades.

Esto no es nuevo. Desde siempre el hombre ha buscado en la contrastación y comparación alternativas viables a situaciones concretas. Es, sin embargo, gracias a la tecnología actual que esa búsqueda encuentre mayores elementos donde realizarse. La globalización ha permitido un mayor universo de opciones a elegir.

El campo del derecho no es la excepción y constantemente se dan procesos migratorios de instituciones legales con el fin de aplicarse en casos específicos.

Sin embargo, no es tan simple como la mera asunción de disposiciones normativas trasladadas a latitud distinta. Debe realizarse en un riguroso esquema metodológico si se requiere un resultado acorde a las expectativas.

Tratar de establecer el concepto que nos ocupa encierra una gran dificultad desde el punto de vista semántico, ya que acudiendo al sentido de las palabras podemos caer en una definición indebida por la necesidad de definir mediante lo definido.[3]

Para Konrad Zweigert y Hein Kötz[4]  el Derecho Comparado es la comparación de los diferentes sistemas legales del mundo.

Francisco Javier Ibarra[5] entiende por Derecho Comparado la disciplina que se encarga de estudiar a los diversos sistemas jurídicos en busca de sus diferencias y semejanzas.

Necesitamos ir más allá de la mera significación textual. Hay que explorar notas adicionales que nos permitan definir claramente la esencia de esta disciplina.

De principio, no podemos decir que el Derecho Comparado es una comparación, puesto que es indebido metodológicamente. De ahí que la primera definición que citamos no cumpla con nuestras expectativas.

Respecto de la segunda, si bien es cierto elimina la repetición de términos, se enfoca a señalar que se encarga (el derecho comparado) del estudio de los diversos sistemas legales en busca de semejanzas o diferencias; esto no es totalmente cierto, ya que en todo caso restringe la materia a tal grado que solo contempla la contrastación de sistemas legales en cuanto a su equiparación, pero omite señalar los fines que se persiguen y sus alcances, que incluyen conceptos como el de instituciones o eficacia que van más allá de sus diferencias  o semejanzas. Es decir, no solo se comparan sistemas sino partes de esos sistemas y no solo en cuanto a determinar su parecido o no, sino sus efectos, sus orígenes, su eficacia, etc.

Porque, no hay que perderlo de vista, el ejercicio comparatista es, más que una disciplina autónoma en sí misma, una metodología que pueden emplear las diversas ramas del Derecho con el fin de encontrar respuestas a preguntas concretas.

Ahí radica la esencia del Derecho Comparado: partiendo de la hipótesis formulada como problema a estudio, la comparación nos ayuda a contrastar instituciones legales o normas, con el fin de establecer un parámetro evaluatorio que nos permita concluir con una decisión tendiente a resolver una problemática dada.

Los fines que persigue el Derecho Comparado, partiendo de una concepción actual del mundo,[6] son muy claramente expuestos por Paolo Biscaretti[7] al señalar cuatro finalidades esenciales.

a)    Satisfacción de exigencias de orden cultural en cuanto permiten una Teoría General del Derecho.[8]

b)    Una mejor interpretación y valoración de las instituciones jurídicas del ordenamiento nacional.

c)    Servir de instrumento de política legislativa.

d)    Coadyuvar a la unificación legislativa.

Estos cuatro objetivos evidencian, entonces, que nos asiste razón al afirmar que el puro ejercicio comparativo carece de sentido si no se hace con un propósito determinado. Así, debemos incluir en la definición, más allá de la comparación, el fin de la disciplina, a efecto de que pueda quedar en claro la esencia de lo definido.

¿Qué es lo que se compara?, es decir, ¿Qué constituye el objeto del Derecho Comparado? Estas preguntas dependen de la naturaleza de la investigación que se practica el material normativo de estudio y al ámbito de extensión de la propia investigación.[9]

a)    En primer lugar, atendiendo a la naturaleza de la investigación, se pueden comparar ordenamientos constitucionales en conjunto, partes específicas de los ordenamientos o instituciones el particular.

b)    Por lo que hace al material normativo, se debe atender a disposiciones legales isométricas e isomórficas, con el fin de obtener un resultado metodológicamente correcto. Igualmente debe tomarse en consideración el aspecto formal de las normas, es decir, si son de derecho escrito o bien de índole consuetudinaria.

c)    Finalmente, en lo tocante a la extensión de la investigación debe tomarse en consideración un mínimo de dos ordenamientos, hasta el número que se desee.[10]

Ahora bien, conjuntando los elementos anteriores, podemos considerar al Derecho Comparado como la disciplina que, mediante una metodología de contraste analiza normas, instituciones o sistemas legales con el propósito de destacar sus semejanzas o diferencias a fin de servir como elemento de juicio en una investigación determinada.

Hemos empleado, al igual que otros conceptos anotados, la expresión “sistemas legales”, toda vez que, al margen de las normas y las instituciones, consideradas en lo individual, estos elementos mantienen determinadas relaciones entre sí y se encuentran separadas de un entorno determinado; esto es, constituyen una estructura funcional que tiene una dimensión espacio-temporal propia y, por tanto, difiere de otras estructuras similares.

Los sistemas legales, entonces, son una categoría compleja que agrupa, por sus elementos comunes, a sistemas legales particulares que mantienen cierta coherencia entre sí. Hablamos esencialmente de siete familias jurídicas: francesa, alemana, escandinava, inglesa, rusa, islámica e hindú.[11]

Este elemento taxonómico es importante para determinar la metodología a seguir por el Derecho Comparado, ya que aporta notas particulares que tendrán su trascendencia al enunciar las conclusiones de la investigación.

La metodología a aplicar en el Derecho Comparado es variada de autor a autor, por lo que hemos tomada a Guiseppe de Vergottinni[12]  quien, a nuestro parecer, enuncia un proceso más claro y preciso:

a)    Establecimiento de criterios de clasificación y subclasificación del material[13] a analizar.

b)    Establecer el ámbito de la investigación: sincrónica cuando se hace en función de la especialidad y no de la temporalidad, diacrónica, cuando se toma en cuenta el aspecto histórico o mixto cuando se toman en cuenta ambas dimensiones.

c)    Selección de los materiales a comparar, tomando en cuenta la homogeneidad y pertenencia a determinado sistema legal o familia, así como las otras notas distintivas que pueden matizar los resultados.

d)    Determinar coincidencias, afinidades y diferencias del material comparado.


e)    Conclusión con una evaluación crítica de los resultados.

Este método, a nuestro parecer, pudiera mejorarse incluyendo otros elementos a considerar para la determinación de los resultados:

a)    Considerar, en primer lugar, los aspectos particulares de los grupos humanos, sociedades, Estados, etc. Generadores de las normas, instituciones o sistemas legales a comparar. Es decir, tomar en consideración los aspectos etnológicos, sociológicos, económicos, antropológicos e históricos de donde surge el Derecho que se contrasta.

b)    Considerar, de igual forma, al margen de la naturaleza diacrónica o sincrónica de la investigación, el contexto en que se desarrolla la investigación, a fin de determinar los factores que, siendo externos a las normas, instituciones o sistemas que se comparan, influyen en su dinámica.

c)    Tomar en cuenta, finalmente, los rasgos personales del investigador, ya que la interpretación que se realice de las normas, instituciones o sistemas se verá afectado por el bagaje ideológico del investigador.

Con todo lo anterior, podemos contar entonces con un método integral que nos permita conocer a fondo los materiales comparados y nos facilitará la evaluación de los resultados.

Sin embargo, este método integral que se propone, varía según el propósito que se persiga con la investigación, ya que deberán tomarse en cuenta aspectos particulares destacados, según si se hace con fines de política legislativa, unificación de ordenamientos, generación de conceptos tendientes a una Teoría General o con propósitos evaluatorios internos.

Por otra parte, hemos hecho hincapié en que no solo debe hacerse el ejercicio de contraste entre normas o instituciones, sino también entre sistemas legales, entendiendo por tales las estructuras funcionales que tienen objetivos o fines específicos.

Existe en los diversos regímenes jurídicos un sistema penal, un sistema civil, un sistema laboral, atendiendo al contenido material, en tanto que habrá sistemas jurisdiccionales, sistemas no jurisdiccionales, atendiendo a la cuestión formal. Esto es, que habrá sistemas determinados por su contenido y otros por los enlaces  de conjunto relacionados con un fin.

De tal forma, podemos entonces diseñar un modelo que nos permita abordar el estudio del derecho a través de un ejercicio de contraste.

Por eso, siempre he desconfiado de los ejercicios comparatistas simplones y rasos que en ocasiones sirven para reformar nuestras leyes. Es un trabajo complejo que en ocasiones solo se traduce en las exposiciones de motivos como el “hacemos esto porque muchos lo hacen”, sin tener sustento real para actuar en consecuencia.

La comparación normativa selectiva sin un hilo conductor, un factor de homogeneidad, carece de sentido.




[1]   Chessal Palau, Jorge. “La globalización Jurídica. Hacía una redefinición de conceptos”, publicado en la revista Ratio Juris, No. 6, Época I, Febrero – abril 2001.
[2]  Jarillo, Álvaro. Globalización: Concepto y papel del Estado. Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, España. Visible en la página de Internet http://www.etc.upm.es/gobernabilidad.htm

[3]   Alberto Justo señala en su texto que define esta disciplina en la Enciclopedia Jurídica Omeba que “…el derecho comparado se define a sí mismo con su propia denominación, es decir, con la del método de investigación que, dentro de sus características, puede emplearse para distintos fines.”
[4]   Zweigert, Konrad y Kötz Hein. Introducción al Derecho Comparado. Oxford University Press México, primera edición. México, 2002. Pág. 3.
[5]   Ibarra Serrano, Francisco Javier. Derecho Constitucional Comparado. Supremo tribunal de Justicia del estado de Michoacán de Ocampo y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, primera edición, México 1995. Pág. 21
[6]   Globalización, extinción de los Estados Nacionales y surgimiento de nuevas formas de organización social y política, por solo citar algunos de los signos de la postmodernidad.
[7]   Biscaretti di Ruffia, Paolo. Introducción al Derecho Constitucional Comparado. Fondo de Cultura Económica, primera edición. México, 1996. Pág. 79 y sigs.
[8]   De manera muy acertada Hermann Héller, en su Teoría del Estado, refiere la imposibilidad de una Teoría General en cuanto a que existen diferencias que impiden que pueda hacerse aplicable a todos sin excepción un concepto o serie de conceptos respecto del Estado o el Derecho, de donde solo puede haber una Teoría del Derecho o el Estado, pero no una Teoría General.

[9]   Biscaretti di Ruffia. Ob. Cit. Pág. 81 y sigs.
[10]   No es posible comparar un solo ordenamiento, pues entonces no hay tal contrastación.
[11]   Esta división es expuesta por Arminjon / Nolde / Wlf, quienes toman en cuenta las sustancias de cada uno de los sistemas. Hay otras como las expuestas por Esmein, Rene David o Konrad Zweigert, en la obra citada en este trabajo de este último autor. Sin embargo, consideramos que ninguna de las clasificaciones enunciadas cumple con el rigor necesario para otorgarle validez plena, puesto que deben tomarse en cuenta elementos tanto internos como externos para poder clasificar a los sistemas nacionales en un grupo determinado. Esto aumenta su complejidad  en nuestros días para referirnos al Derecho vigente ya que si bien es cierto pueden compartir antecedentes históricos comunes, hoy por hoy son escasos los sistemas nacionales puros, no afectados por la transculturación jurídica.
[12]   De Vergottinni, Giuseppe. Derecho Constitucional Comparado. UNAM, primera edición. México, 2004. Págs. 50 y sigs.
[13]   Por material entendemos las normas, instituciones o sistemas legales.